Se consolidan el gobierno de Jerí y el Gabinete Álvarez

El Congreso de la República aprobó la moción de confianza al gabinete que preside Ernesto Álvarez Miranda por 79 votos a favor, 15 en contra y cinco abstenciones. De esta manera, el gobierno de transición de José Jerí –en calidad de presidente del Legislativo– lograba consolidarse y afirmar la gobernabilidad, no obstante los esfuerzos de todas las izquierdas para desencadenar una nueva renuncia presidencial, con la violenta marcha del pasado 15 de octubre.

El discurso de Ernesto Álvarez en el Legislativo, obviamente, se focalizó en la necesidad de desarrollar una política de Estado eficaz en contra del crimen organizado, sumando a todas las instituciones del Estado de derecho, y en garantizar elecciones transparentes en el 2026. Otro de los ejes del discurso de Álvarez subrayó la necesidad de “la reconciliación nacional”.

En cualquier caso, Álvarez llegó al recinto Legislativo luego de que el Ejecutivo anunciara el Estado de emergencia en Lima y Callao, una decisión que contempla diversas acciones: restricciones en los penales, el despliegue de las Fuerzas Armadas en el patrullaje y la prohibición de circulación de dos personas en una motocicleta. Entre otras medidas anunciadas, el PCM reiteró la solicitud de delegación de facultades para legislar en materia de seguridad ciudadana.

Todos estos hechos nos indicaban que la gobernabilidad estaba a buen recaudo en el Perú. El hecho de que las izquierdas extremistas no se atrevan a desarrollar una nueva convocatoria de violencia también era un signo relevante. En este resultado es inevitable reconocer la enorme importancia de las filmaciones de las cámaras de la Municipalidad de Lima, que transmitieron en directo la acción de alrededor de 200 vándalos que pretendían asesinar a los efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP), lanzándoles ladrillos a la cabeza. La mayoría de la sociedad, la mayoría de la ciudadanía, irritada por el fracaso en la contención del desborde criminal, condena y se distancia de la acción criminal de los vándalos del Parque Universitario. 

Por otro lado, las izquierdas en todas sus versiones se han quedado sin plataforma frente a la oposición en contra del gobierno. Finalmente, el eje de las protestas y los paros que se venían acumulando en contra del pasado gobierno de Dina Boluarte se resumía en la vacancia presidencial de la ex jefe de Estado. Ya se produjo la vacancia, pero la izquierda progresista, como se dice, no pudo pescar en el río revuelto.

No obstante, el gobierno de José Jerí tiene enormes desafíos y debe demostrar que está a la altura. Se necesita una contención inmediata de la ola criminal y resultados perceptibles para la ciudadanía. En ese contexto, todas las medidas anunciadas –nuevas tecnologías para la PNP, geolocalización y video vigilancia con inteligencia artificial, control migraciones, banco de voces y botones de pánico contra las extorsiones, por ejemplo– no tendrán efecto alguno si el Ejecutivo no moviliza a todo el Estado de derecho. 

¿A qué nos referimos cuando hablamos de movilizar a las instituciones? El Ejecutivo debe ser capaz de aglutinar a la PNP, al INPE, al Ministerio Público, el Poder Judicial, los municipios, los gobiernos regionales y al sector privado, alrededor de una política de Estado en contra de la criminalidad. La hiperactividad del presidente Jerí y la voluntad de liderar la lucha contra la criminalidad ayudan sobremanera a conseguir este objetivo, a diferencia de la prolongada ausencia de iniciativas de parte de Boluarte. Hoy, al menos, existe voluntad de liderar.

Sin embargo, la sociedad y la ciudadanía molesta entran a un compás de espera de resultados inmediatos. Si hay liderazgo, si se moviliza a las instituciones, no hay crimen organizado que pueda en contra de la fuerza estatal; es la experiencia de todos los países que han luchado en contra del avance del crimen organizado.

El presidente Jerí y el Gabinete Álvarez tienen la palabra.