Los retos políticos del Gabinete Álvarez

Todos los observadores han señalado que las dos tareas principales que debería asumir el gabinete que preside Ernesto Álvarez Miranda, ex presidente del Tribunal Constitucional y académico de larga trayectoria, son detener el avance de la ola criminal del país y garantizar elecciones transparentes.

Como todos sabemos, las extorsiones y el sicariato se han convertido en una metástasis que afecta a toda la sociedad. En ese sentido, la presencia de Vicente Tiburcio, ex comandante general de la policía nacional (PNP) y ex GEIN, en el gabinete es una garantía de la materialización de una estrategia mínima de seguridad ciudadana.

Sin embargo, el gran problema del gobierno de transición de José Jerí es cómo articular a todas las instituciones del Estado para organizar un solo puño institucional en la lucha contra el crimen: el Ministerio de Justicia y el INPE, la policía nacional (PNP), el Ministerio Público, el Poder Judicial, los municipios y las regiones.

En el objetivo de avanzar en este camino hay graves problemas estructurales que no serán resueltos por la actual administración: el descabezamiento de 18 oficiales generales de la PNP que perpetró el progresismo ha generado graves problemas de liderazgo en la institución policial. Asimismo, la ideologización de un sector del Ministerio Público, que convierte a las fuerzas de seguridad en adversarios ideológicos y bloquea la lucha contra el crimen organizado, son problemas de mediano y largo plazo.

Para entender que hay problemas estructurales en la lucha contra el crimen organizado habría que mencionar, por ejemplo, que las cárceles en el Perú tienen capacidad de albergar a 41,000 presos. Hoy existen más de 100,000. Una cifra que revela el hacinamiento y la improvisación sobre el tema, sobre todo considerando que las cárceles en cualquier lugar del planeta se convierten en “los centros de mando y conducción del crimen organizado”.

Sin embargo, cuando existe liderazgo y voluntad se pueden superar los problemas estructurales que bloquean las soluciones inmediatas. En el Ejecutivo se puede apretar el acelerador de la lucha contra la minería ilegal, establecer un sistema de colaboración permanente entre las compañías privadas de teléfonos y la PNP –para detectar en tiempo real las llamadas de los extorsionadores– y acabar con la sensación de impunidad que se ha instalado en la sociedad. Igualmente, de acuerdo con los mapas y zonas rojas del delito, se podrían reforzar determinadas comisarías con tecnologías de comunicación de punta, mejorar el equipamiento de armas, designar una mayor cantidad de efectivos, patrulleros, y establecer una relación estrecha con el municipio y la población organizada. Es incuestionable que los resultados serían auspiciosos.

Por otro lado, detener el avance de la ola criminal en la sociedad es una de las condiciones para garantizar elecciones libres, transparentes y previsibles. Considerando que, en el escenario de fragmentación política de la actualidad, se podrían presentar hasta 40 candidatos presidenciales, estamos hablando de miles de candidatos a la cámara de diputados, con las más complejas relaciones e intereses. Por todos es sabido que las economías ilegales, particularmente la minería ilegal, buscan ingresar a la representación política financiando a determinados grupos o candidatos. ¿Acaso debemos descartar la violencia y los asesinatos de los postulantes?

Si en el Perú la extorsión y el sicariato se han generalizado, ¿por qué este tipo de violencia y muerte no pueden ingresar a la campaña electoral? En Colombia y en Ecuador se ha asesinado a candidatos presidenciales de la centro derecha, dos sociedades atravesadas por el avance de la ola criminal y el discurso radical de la extrema izquierda. He aquí, a nuestro entender, una de las grandes tareas del Gabinete Álvarez.

Asimismo, el presidente Jerí, cuando tomó el juramento a los miembros del nuevo gabinete, habló de un “Gabinete de transición y reconciliación nacional”. Al respecto, el nuevo PCM, Ernesto Álvarez, debería impulsar una serie de diálogos y acuerdos con todos los sectores políticos del país en la búsqueda de entendimientos hacia el desarrollo de unas elecciones impecables.