La legislación anti-empleo

Cómo desde el estado se alienta la informalidad

El gobierno ha anunciado que en los próximos aprobará varias normas destinadas a recuperar el ritmo de crecimiento económico del país, venido a menos en los últimos tiempos debido al deterioro del clima de confianza ocasionado por la interminable cadena de obstáculos a las inversiones puestos por el propio estado. Creemos que una de esas medidas debe ser la modernización de nuestra legislación laboral, tal como lo ha sugerido hace poco el Banco Central de Reserva (BCR).

Dicho cambio se plantea como una necesidad imperiosa a la luz del reciente informe del Instituto Nacional de Estadísticas e Informática (INEI) titulado Producción y Empleo Informal en el Perú (2012), que muestra nuevas cifras que invitan a la reflexión: El 74.3% de los peruanos en edad laboral trabaja en condiciones informales, pero en 15 regiones es mayor: 80%. E

En otro informe anterior (2007), el empleo informal abarcaba al 79.9% de la población económicamente activa, lo cual supone que, en siete años, la informalidad ha disminuido muy poco con relación a las tasas de crecimiento económico registradas en ese mismo período.

El nuevo documento del INEI revela además que el sector formal aporta el 81% del Producto Bruto Interno (PBI) mientras que el sector informal el 19%, y que la productividad promedio anual del primero es de 30 soles, mientras que la del segundo es solo de seis soles. Para agravar las cosas otro dato: según el INEI, el 90% de las unidades productivas del país son informales, lo que equivale a casi 6.5 millones de productores de bienes y servicios.

¿Cómo entender esta inequidad cuando la economía ha tenido un fuerte dinamismo? El Banco Central de Reserva ha advertido que la rigidez de la legislación laboral actual es uno de los principales obstáculos que impiden la creación de empleo de calidad y que promueven la informalidad.

Por esa razón, en su reporte de abril, el BCR le sugirió al Gobierno que revise el marco regulatorio laboral en vista de que la rigidez de aquél impone altos costos a las empresas, empujandolas así a la informalidad. Alertó además que dicha normativa incide negativamente sobre la competitividad del país, por lo que se requiere hacer cambios urgentes a la misma.

Dichos cambios bien podrían empezar, como lo sugiere el BCR, adecuando las prácticas de contrataciones y despidos a los estándares internacionales vigentes, y revisando las normas que más desincentivan la formalidad, como la ley de la Remuneración Mínima Vital ( RMV ), pues en el 68% de microempresas unos dos millones de personas perciben un salario menor a la RMV.

También urge revisar los costos no salariales (CTS, vacaciones y otros) así como la indemnización por despido. Los primeros representan una carga adicional igual al 57% del salario, la más alta de la región según el CID; y la segunda es 54% más alta que en los demás países de la región pues impone el pago de un sueldo y medio por cada año de servicio, hasta un máximo de 12 meses.

Otras leyes que urge revisar son la de contrataciones a plazo fijo, y la de seguridad y salud en el trabajo. En materia de contrataciones, el 59% de los países permiten contratar a plazo fijo para labores permanentes, pero en el Perú está prohibido. En cuanto a seguridad y salud, ésta representa hoy para las empresas un gasto superior a S/. 400,000 por año, y contempla además penas exageradas de hasta 10 años de cárcel para los empleadores.

En la medida que es una obligación del Estado promover el empleo de calidad para sus ciudadanos, el gobierno tiene que desatar los nudos que impiden la creación de ese empleo fomentando así la informalidad. Y como la legislación laboral es una suma de nudos, la salida es cambiarla por otra moderna, cuanto antes. Ya hemos perdido demasiado tiempo.