La ciudadanía con su policía y sus soldados contra la ola criminal

Durante la movilización de los empresarios de Gamarra y de otros emporios comerciales de la capital en contra del desborde criminal en la sociedad hubo un estribillo que pasó desapercibido y que algunos sectores de la prensa simplemente obviaron. Los manifestantes cuando pasaban al lado de los destacamentos policiales de alguna manera respaldan a la policía nacional (PNP), mientras gritaban: ¡Maten a los delincuentes! Una demanda desesperada que estremece a cualquier peruano de buena voluntad.

¿Qué puede significar esta reacción de la población? Que ante la falta de una política de Estado para enfrentar el avance del delito, los ciudadanos entienden que solo la Policía Nacional del Perú (PNP) y las Fuerzas Armadas son las instituciones que están protegiendo los derechos de la sociedad. Ni el Ejecutivo, ni el Congreso, ni el Ministerio Público, ni el Poder Judicial parecen estar convergiendo en una política de Estado para enfrentar la ola criminal. Sin la PNP y las Fuerzas Armadas el desamparo de la sociedad se extendería y surgirían todo tipo de reacciones desesperadas e inconstitucionales.

Para confirmar esta tesis, por ejemplo, vale analizar el hecho de que en el sur y en el centro del Perú el paro casi fue inexistente. En Cusco y Puno la ciudadanía salió a trabajar para recuperar los ingresos familiares destruidos por el golpe fallido de Pedro Castillo y las olas de violencia insurreccional que pretendieron incendiar aeropuertos e instalar una asamblea constituyente. El turismo todavía no se recupera en el sur y las familias siguen enfrentando las secuelas de la recesión. En todas las provincias sureñas la alianza entre sociedad, mercados emergentes, negocios populares y la PNP y las Fuerzas Armadas fue más que evidente. Por otro lado, en el sur las extorsiones y la ola criminal no se han extendido como en Lima y el norte del país porque los sureños simplemente suelen reaccionar con linchamientos y acciones extremas en contra de los criminales.

Ahora bien, esta sensación de la ciudadanía acerca de que solo la PNP y las Fuerzas Armadas son las instituciones que defienden sus derechos se estrella contra los yerros del Ministerio Público y el Poder Judicial, que no suelen procesar con celeridad y, en ocasiones, liberan a delincuentes y miembros de las organizaciones criminales. Y si a estos hechos le sumamos la acción de las oenegés de Derechos Humanos que, supuestamente, en defensa de esos derechos promueven la judicialización de los policías que abaten delincuentes por “el uso desproporcionado de la fuerza”, el panorama se vuelve complejo.

Hasta ahora las protestas contra el desborde criminal –al margen de que sea verdad o no– han identificado al Ejecutivo y el Congreso como los responsables políticos, ya sea por la falta de una política de Estado contra el delito o por la promulgación de algunas normas que se cuestionan. Sin embargo, no sería nada extraño que las protestas también se focalicen en fiscales y jueces que no cumplen con su responsabilidad. Y, más tarde, en las oenegés de Derechos Humanos que, en las últimas dos décadas, se han dedicado a promover la judicialización de policías y militares neutralizando la moral y la eficacia de las fuerzas de seguridad.

Por todas estas consideraciones, el Perú necesita con extrema urgencia una política de Estado que unifique los objetivos de la PNP, las Fuerzas Armadas, el Ministerio Público, el Poder Judicial, los municipios y los serenazgos. Y, sobre esa base, debería establecerse una confluencia de los objetivos del Estado y el sector privado y las diversas organizaciones de la sociedad.

La movilización ciudadana contra la ola criminal, pues, puede ser la antesala de una nueva política de Estado que derrote el crimen organizado tal como alguna vez el Perú lo hizo con el colectivismo terrorista del maoísmo.