El Ejecutivo espera facultades delegadas para legislar

El Ejecutivo presentó el proyecto de ley en que solicita facultades para legislar en 66 temas –por 120 días– que serán defendidos por los ministros, primero ante la cámara de Diputados y luego frente al Senado. Una de las cosas más interesantes tiene que ver con que gran parte de la delegación de facultades legislativas se focaliza en los temas de seguridad ciudadana y combate a la ola criminal.

Por ejemplo, destaca el pedido para establecer un marco legal que posibilite declarar terroristas a algunas organizaciones criminales. Con una medida de este tipo se pretende involucrar directamente a los ministerios de Interior y Defensa, porque la lucha contra el terrorismo se convierte en un tema de seguridad nacional. De esta manera el Perú parece seguir la doctrina planteada en la convergencia de estados de la región, llamado “Escudo de las Américas”, y que algunos países latinoamericanos han comenzado a aplicar con respecto a la naturaleza terrorista de algunas bandas criminales muy violentas.

En este contexto, se propone restablecer las capacidades operativas de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI), una capacidad que se había cancelado. Asimismo, se propone recuperar el principio de la legítima defensa y la presunción de inocencia de quien ejerce esta prerrogativa constitucional frente a la violencia y el crimen organizado. El objetivo: evitar las persecuciones interminables realizadas por magistrados ideologizados.

La solicitud de delegación de facultades incluye áreas de reforma tributaria, formalización de pequeñas empresas, políticas agrarias promocionales a favor de los más de dos millones de minifundistas del país, entre otros asuntos.

Sin embargo, así como se reconoce un nuevo espíritu, una nueva doctrina en los pedidos vinculados a la seguridad ciudadana, igualmente se debe reconocer el mismo espíritu en cuanto a la reforma del Estado, la eliminación de sobrerregulaciones y de oficinas que ahogan a la sociedad, a los ciudadanos y al sector privado. El proyecto habla incluso de organizar un nuevo servicio civil y de eliminar “barreras burocráticas”

A nuestro entender, si el Ejecutivo pretende atender la emergencia nacional con relativa eficiencia no puede hacerlo con el actual Estado de la burocracia que puede empujar a absurdos, como dejar que las geomallas para levantar defensas ribereñas se oxiden, porque no se cumplió determinado trámite burocrático. Igualmente, no se puede renunciar a declarar la emergencia de un distrito por los sucesivos procedimientos que deben realizarse. 

La actual desorganización y destrucción del Estado parece informar al nuevo gobierno que es imposible atender la emergencia en este estado de cosas. Imposible. En ese sentido, la emergencia, la urgencia, se convierte en el escenario ideal para desarrollar reformas estructurales, sobre todo las vinculadas a la reforma y la transformación del Estado.

Uno de los grandes déficits de la solicitud de facultades para legislar es que no se plantea grandes reformas con respecto a la descentralización. Quizá se entiende el gradualismo por la necesidad de formar mayorías en las cámaras; sin embargo, en el Perú se debería entender que los gobiernos subnacionales se han convertido en problemas gigantescos para que la riqueza y los derechos lleguen a todos los ciudadanos. En ese sentido, es urgente la reforma de la inversión pública para que la riqueza que crean los privados se convierta en servicios públicos, e igualmente se necesita trasladar competencias al Ejecutivo para avanzar en la formalización de diversas actividades del país. Algo similar se puede decir con respecto a una idea más clara de la flexibilidad de los contratos de trabajo en la reforma laboral. 

Sin embargo, el proyecto de delegación de facultades legislativas establece con absoluta claridad que existe un nuevo gobierno, una nueva jefe de Estado y un nuevo consejo de ministros que ha decidido asumir la conducción del Estado y enfrentar los problemas nacionales.