La preocupante situación de la infraestructura educativa en Perú

Aunque los desastres naturales han sido una fuente de problemas, las escuelas de todo el Perú han comenzado oficialmente su año escolar. El 87.5% de los estudiantes comenzaron el 13 de marzo, mientras que un 8.5% comenzó el 27 de marzo y el 4% restante comenzó después del 4 de abril. A pesar de esto, el ministro de Educación, Óscar Becerra, ha informado que en algunas zonas del norte del país las clases han sido interrumpidas por las lluvias y los huaicos. El propio ministro Becerra ha admitido que el sistema educativo público quedó en "completo abandono" al finalizar el Gobierno del expresidente Pedro Castillo. El Gobierno ha creado un proyecto de ley que permitirá intervenir directamente en 1,041 escuelas que necesitan reparaciones urgentes. Además, el Ministerio de Educación (Minedu) está actualizando la información sobre las condiciones de infraestructura en todas las instituciones educativas públicas.

En la actualidad, la situación de la infraestructura educativa en el Perú es motivo de gran preocupación. De acuerdo con cifras oficiales, apenas el 9% de los 54,800 colegios del país se encuentra en buen estado y el 76% de ellos requiere refuerzos estructurales. Además, el 60% de las instituciones educativas carece de servicios básicos. Ante esta realidad, los estudiantes se han visto obligados a regresar a clases presenciales o semipresenciales en condiciones que no son adecuadas para su aprendizaje. La brecha en infraestructura educativa se estima que alcanza los S/ 111,000 millones, lo que representa aproximadamente el 49% del presupuesto total del Estado peruano para el presente año. Es fundamental que las autoridades tomen medidas para abordar esta problemática y garantizar un acceso equitativo a la educación de calidad para todos los estudiantes peruanos.

Es importante destacar que la demanda de nuevos espacios físicos ha aumentado significativamente debido al traslado de estudiantes de colegios privados a colegios públicos como consecuencia de la crisis económica causada por la pandemia. Según información correspondiente al periodo 2020-2021, más de 513,000 estudiantes migraron a instituciones educativas públicas. Por ello, es fundamental que las instancias de gestión educativa descentralizada, bajo la dirección técnica del Minedu, garanticen la disponibilidad de vacantes escolares, infraestructura y mobiliario escolar, personal docente, materiales educativos y servicios alimentarios para toda la población escolar de la educación básica en 2023.

Además del mencionado proyecto de ley, el Minedu está utilizando diversas herramientas, como el Programa Nacional de Infraestructura Educativa (Pronied), las Asociaciones Público-Privadas (APP) y las Obras por Impuesto (OxI), para solucionar el déficit en infraestructura educativa, siendo el sistema de Obras por Impuestos el más prometedor. El Minedu es la entidad pública con mayor cantidad de proyectos y montos de inversión comprometidos a través de este mecanismo, que busca aprovechar la eficiencia del sector privado para financiar y ejecutar proyectos de infraestructura educativa pública.

Según un estudio de Apoyo y Consultoría sobre la contribución económica de la educación privada en el Perú, el sector privado invierte el 60% del presupuesto total del sector en la educación. Además, el 73% de los estudiantes de los centros privados provienen de los sectores C, D y E, lo que demuestra que las pensiones son accesibles para los sectores emergentes y populares.

Si el objetivo del Estado es ayudar a los sectores más pobres, debería considerar la posibilidad de subsidiar tanto la oferta como la demanda de la educación. Esto se podría lograr mediante la implementación de un sistema de vouchers educativos para las familias y la profundización de programas como Beca 18, que permiten a los estudiantes y familias más pobres elegir el centro educativo particular que prefieran. Una política de este tipo podría crear un sistema de oportunidades sin precedentes en el ámbito educativo, fomentando una competencia sana entre los diferentes actores del sistema para garantizar una oferta educativa de calidad.