La educación privada y la batalla cultural

Por todos es conocido que el sector privado de la educación atiende un tercio de la matrícula en educación básica y dos tercios en la educación superior. De acuerdo con el Estudio de contribución económica de la educación privada en el Perú, de Apoyo y Consultoría, la movilización del sector privado en la educación representa el 60% del presupuesto estatal en educación. 

Pero eso no es todo. Una de las cosas más sorprendentes –según el informe de Apoyo– es que el 73% de los estudiantes de los claustros privados educativos provienen de los segmentos C, D y E. La presencia de alumnos de los sectores emergentes y populares en los centros privados contradice abiertamente la campaña de las corrientes progresistas y comunistas acerca del “lucro” de las inversiones privadas. Es evidente que las pensiones expresan las realidades económicas y sociales.

Por todas estas consideraciones, cualquiera podría concluir que sin la participación privada es imposible imaginar una reforma de la educación en el Perú. Finalmente, si se eliminara la inversión privada, ¿cómo un Estado como el peruano podría agregar 60% al presupuesto educativo solo para mantener el estado de cosas actual? No parece posible.

No obstante, luego del año y medio de Gobierno de destrucción de Perú Libre, y después del golpe fallido de Castillo, se debe revalorar el papel del sector privado en la educación como fuente de pluralidad y resistencia cultural al proyecto totalitario del colectivismo. No extraer esa lección sería una negligencia.

Como todos sabemos, el Gobierno de Castillo reconoció al Frente Nacional de Trabajadores de la Educación del Perú (Fenatep), un sindicato magisterial minoritario, de clara orientación maoísta, vinculado al Movadef, y que pretendía desplazar al SUTEP, sindicato mayoritario. En la práctica, el Fenatep llegó a controlar el Ministerio de Educación (Minedu) y apuntó a cancelar la carrera pública magisterial y reformar el currículo para convertir a la escuela pública en centro de adoctrinamiento marxista. De alrededor de 380,000 maestros de la escuela pública, el 50% ya pertenece a la carrera pública magisterial. Todo eso estaba en peligro.

La ofensiva del Gobierno de Castillo para controlar la educación no pudo abarcar el sector privado por diversas razones, quizá esperando mejores momentos para sepultar las libertades en la educación. Sin embargo, lo cierto es que el sector privado, en ese momento, no solo por la cantidad de sus alumnos sino también por la diversidad de gestiones de los centros educativos, se convirtió en uno de los bastiones de la pluralidad, la tolerancia y la libertad en educación. El intento del Gobierno de Castillo de homogeneizar la escuela pública iba a encontrar, tarde o temprano, una muralla difícil de sortear.

¿A qué vamos? La experiencia del desastre del Gobierno de Perú Libre deja en evidencia que la inversión privada en la educación es una de las condiciones para una reforma educativa plural y tolerante. Pero no solo se trata de libertades, sino también de crear oportunidades para los más necesitados. Por ejemplo, si el gasto del Estado pretende focalizarse en los sectores más pobres de la sociedad se debería subsidiar la demanda (padres de familia y alumnos) en vez de la oferta que se expresa a través de los centros educativos. ¿Por qué? Si los sectores que pueden hacerlo, pagan la educación de acuerdo a sus posibilidades, es evidente que el dinero del Estado podría focalizarse en los más necesitados y existirían muchos más recursos para redistribuir entre ellos.

El Estado podría aplicar el sistema de vouchers educativos para familias –profundizando programas como Beca 18–, que posibilitaría que las familias y alumnos pobres elijan el centro educativo de su preferencia. Semejante política crearía un sistema de oportunidades nunca visto en la educación. Sin embargo, existe una condición para que algo así sea posible: la pluralidad de la oferta educativa. Es decir, que los centros estatales, privados, asociativos, comunales, compitan en calidad entre sí para atraer alumnos y captar el financiamiento de los vouchers. 

En otras palabras, el sector privado también es clave para crear igualdad de oportunidades en la educación.