¿Calidad educativa al caballazo?

El extraño empeño del MINEDU de aprobar un proyecto crucial sin mayor debate

El Pleno del Congreso de la República tiene hoy la oportunidad de enmendar un grave error de la Comisión de Educación del Legislativo, que aprobó sin debate el proyecto de ley 4534, que propone liquidar el modelo peruano de acreditación de la calidad educativa y la institución encargada de realizarlo -el SINEACE-, y volver a fojas cero un sistema que tardó más de diez años en madurar, justo cuando ha empezado a rendir sus frutos.

Es inconcebible que la Comisión de Educación se haya negado a debatir un proyecto crucial para el futuro de la educación, como si sus integrantes hubieran negociado un acuerdo político sobre los intereses de la comunidad. Considerando que el ministro Saavedra nunca sometió su proyecto al debate nacional, los comisionados debieron rectificar esa actitud consultando la iniciativa legal a especialistas y a los miembros de la comunidad educativa nacional. ¿Por qué no lo hicieron?

Le corresponde ahora el Pleno corregir semejante despropósito devolviendo el proyecto a la Comisión que preside el congresista Daniel Mora con la recomendación expresa de que convoque y escuche a los representantes de sociedad afectados directamente por el proyecto, y discuta con ellos la pertinencia de la iniciativa del MINEDU. Así lo exige sentido común democrático que debe prevalecer en el Congreso.

Al debatir hoy el proyecto polémico, la Representación Nacional deberá plantearse ¿por qué se quiere eliminar un sistema que logró romper la resistencia a la evaluación y que consiguió lo más difícil: crear una cultura evaluativa y de calidad en la comunidad educativa nacional?

¿Por qué liquidar un modelo que ha logrado que hoy existan 3,386 Comités de Calidad en universidades, institutos y escuelas; y que todas las universidades tengan Oficinas de Calidad y Acreditación (OCA) para autoevaluarse, así como planes estratégicos para alcanzar los estándares de calidad fijados por el sistema?

¿Por qué desaparecer un sistema que moviliza hoy a unas 40 mil personas, entre directores, docentes, alumnos y ex alumnos, que trabajan hace más de 2 años por demostrar que su carrera, su colegio o su instituto superior cumplen con los estándares nacionales de calidad educativa?

Del total de Comités de Calidad, 1,689 corresponden a carreras universitarias, 694 a especialidades de institutos de educación superior tecnológica, 576 a colegios, 274 a Centros Técnico Productivos y 162 a institutos pedagógicos. Solo las universidades han invertido unos S/. 600 millones en acreditar la calidad sus carreras universitarias.

¿En qué situación queda todo lo trabajado durante más de 10 años? ¿Cómo quedan los contratos firmados con las empresas acreditadoras? ¿Por qué el MINEDU no publicó su nuevo modelo? ¿Con qué universidades se ha trabajado o consultado ese modelo? Estas preguntas también tienen que hacérselas nuestros congresistas.

Otro hecho que debe valorar el Congreso, y que ha sido señalado por FIPES (Federación de Instituciones Privadas de Educación Superior) es que el proyecto excluye del Consejo Directivo del COPAES a los sectores de la sociedad civil que hoy sí tienen representación en el SINEACE. Al parecer el nuevo concepto reside en que todo se centralice en el MINEDU.

Al parecer, la extraña prisa del ministro Saavedra responde a presiones de ciertas universidades que pretenden que el sistema sea replanteado sobre la base de las acreditaciones extranjeras, para así sustraerse del modelo peruano. El SINEACE convalida hoy solo las acreditaciones de acreditadoras extranjeras públicas, porque tienen estándares iguales a los del Perú, y porque la convalidación está sujeta a una revisión permanente del sistema peruano.

Las acreditadoras extranjeras privadas evalúan, acreditan, se van y no regresan hasta después de varios años. El modelo peruano, en cambio, hace un vigilancia constante de que se cumplan los estándares, y en caso de que esto no ocurra, cancela de inmediato la acreditación.

Hay razones de sobra, entonces, para que el Pleno del Congreso de la República rectifique el voluntarismo de las autoridades del MINEDU, porque el desarrollo de un sistema de acreditación no puede ser impuesto al caballazo. Felizmente, vivimos en una democracia.