Y ahora, ¿qué hacemos con esta informalidad?

La megarrecesión en curso –que licuará por lo menos el 15% del PBI y destruirá alrededor de siete millones de empleos– disparará hasta niveles impensados la informalidad de las empresas y del empleo. Hasta antes de la pandemia diversos estudios señalaban que alrededor del 85% de las pymes eran informales. Luego de la pandemia y la recesión, ¿cuánto se incrementará la informalidad de las pequeñas unidades? Igualmente, hasta antes de la emergencia la informalidad laboral sobrepasaba el 72% de la población económicamente activa. Después del desastre económico, ¿hasta qué porcentaje llegará la informalidad del empleo?

La tragedia del Perú es más que evidente. De allí que, por ejemplo, en cuanto a política pública el Ministerio de Economía y Finanzas debería promover la desregulación general de la actividad empresarial, habida cuenta de que la única manera de recaudar –para enfrentar el 10% del PBI en déficit que nos dejará la pandemia– es evitando que las empresas sigan quebrando. En ese sentido, se debe poner coto al asedio colectivista de los burócratas del Ministerio de Trabajo, que ahogan a las empresas que paran la olla del país y generan empleo. La llamada Sunafil se ha convertido en una entidad que “pretende defender derechos declarados” en una situación en que las empresas quiebran sin poder pagar salarios ni impuestos. Una verdadera locura. De otro lado, se debe terminar con los protocolos absurdos del Ministerio de Salud y de Produce. 

Esas medidas son el mínimo de racionalidad que se puede exigir. En realidad, el Ejecutivo y el Congreso deberían promover una desregulación general del Estado y aprobar normas que obliguen a los ministerios, gobiernos regionales y locales, a simplificar los procedimientos de los ciudadanos y el sector privado. Si hay alguna duda solo se debe recordar que el sector empresarial financia el 80% de los ingresos del Estado y provee el 80% del empleo en el país.

Si no existe ese espíritu, la informalidad lo envolverá todo. Asimismo, vale recordar que si la formalización laboral antes de la pandemia era una verdadera tragedia, es evidente que ahora todo empeorará. Al respecto vale recordar que diversos estudios señalan que entre el 2013 y el 2018 solo se avanzó en formalizar el 1.3% de la masa laboral. Además se debe tener presente que cada año se incorporan a la actividad económica nacional alrededor de 250,000 jóvenes.

Para formalizar la economía hay muchas variables, desde las medidas tributarias hasta laborales. Sin embargo, en el territorio del empleo hay algunas verdades incuestionables. Por ejemplo, antes de la pandemia, según un estudio de Apoyo y Consultoría, los países de ingreso medio como el nuestro solían tener un 40% de informalidad laboral. En nuestro país la extralegalidad laboral sobrepasa el 70%. ¿Cuál es la principal explicación de esta desgracia? En todos los rankings el Perú está entre los diez países del planeta con más rigideces laborales.

El camino entonces es la flexibilización laboral. Todos los países con sistemas flexibles para contratar y despedir, de acuerdo a las inversiones y la productividad de las empresas, han logrado tener las tasas más bajas de desempleo (Hong Kong, Singapur, Nueva Zelanda, Estados Unidos, entre otros). En el Perú, la Ley 27360 (Ley de Promoción Agraria) ha logrado, en algunas zonas agroexportadoras (como Ica), el pleno empleo por la flexibilidad que permite contratar en épocas de cosecha, siembra y mantenimiento de las plantaciones.

Pero eso no es todo con respecto a los círculos virtuosos de la Ley de Promoción Agraria. En las zonas agroexportadoras de la costa la formalidad laboral se incrementó de 25% a 44% de la población económicamente activa, y el promedio de los salarios supera largamente el mínimo vital establecido por el Estado. Por todas estas consideraciones la Ley de Promoción Agraria debería convertirse en la base sobre la cual se reforme toda la legislación laboral del país en el corto, mediano y largo plazo.

Es evidente, pues, que entre los principales retos del Perú no solo estará cerrar el déficit fiscal, reducir la deuda pública, incrementar la recaudación y promover la inversión privada, sino también desarrollar algunas reformas mínimas para formalizar la economía y el empleo. Si la actual administración no tiene fuerza ni voluntad para avanzar en ese sentido, entonces que deje de molestar al sector privado, que mantiene al Perú y genera empleo.