Tambogrande, rehén de la minería ilegal

Tambogrande, en Piura, ilustra el costo de bloquear la minería formal sin enfrentar a la minería ilegal. A fines de los noventa la empresa canadiense Manhattan Minerals identificó en la zona un yacimiento polimetálico de escala significativa y proyectó una inversión de unos US$ 405 millones en una operación que habría pagado impuestos, creado empleo formal y aplicado estándares ambientales internacionales. Sin embargo, una campaña organizada por oenegés ambientalistas logró instalar la idea de que el proyecto era una amenaza para el mango, el limón y hasta el ceviche peruano. Respaldada por organizaciones como Oxfam, Grufides y la Red Muqui, esta negativa campaña terminó siendo exitosa, ocasionando que la empresa abandone el país con una pérdida de US$ 60 millones. 

Ahora bien, la realidad confirma que la salida de Manhattan no protegió nada: por el contrario, dejó un vacío que fue ocupado por más de 4,500 mineros informales —conforme a Aquiles Portal Tafur, ex director regional de Energía y Minas— que explotan el subsuelo sin ningún control ambiental y con una cadena de delitos asociados. Lejos de la imagen de “actividad de subsistencia”, la minería ilegal se instaló en Tambogrande como un sistema extractivo permanente, con socavones, insumos químicos y redes criminales que controlan accesos y reparten territorio.

Chipillico, centro poblado de Tambogrande, es hoy el mejor ejemplo de ese deterioro. Allí se han registrado enfrentamientos mortales entre mineros ilegales y agricultores, pues los socavones destruyen terrenos de pastoreo y contaminan los ríos Quiroz y Chipillico, que abastecen de agua al Valle de San Lorenzo, segundo productor nacional de mangos y limones, precisamente los cultivos que se decía defender. El decano de la Facultad de Ingeniería de Minas de la Universidad Nacional de Piura ha advertido que las aguas cargadas de arsénico y mercurio provenientes de estas operaciones ya se usan para regar uva, plátano y arándanos de exportación, configurando una amenaza sanitaria y comercial capaz de cerrar mercados a los agroexportadores de la zona. 

Frente a ese desastre, el Estado intentó retomar la iniciativa de darle a Tambogrande un verdadero desarrollo: ProInversión adjudicó el proyecto El Algarrobo a la Compañía de Minas Buenaventura por unos US$ 2,753 millones, con una operación subterránea de cobre, zinc y plata que inicialmente alcanzaría una producción de 5,000 toneladas por día, dejando, a su vez, canon, empleo formal y regalías enormes, en las mismas concesiones que en su día fueron del proyecto Manhattan.

Sin embargo, el mismo esquema de oposición se ha reactivado: en febrero de 2025 se registraron nuevos enfrentamientos durante protestas contra el proyecto, que se basaron en argumentos, según el director de Buenaventura, de hace más de veinte años. Así pues, si en Tambogrande se rechaza nuevamente la única alternativa formal que se le ofrece, no obtendrá ni minería ordenada ni una agricultura libre de contaminación. 

El caso de Tambogrande grafica claramente el problema nacional. La minería ilegal en el Perú movilizó alrededor de US$ 12,000 millones en 2025 —equivalente al 2.7% del PBI y diez veces más que el tráfico de drogas—, dejando pérdidas fiscales de más de S/ 7,500 millones entre 2023 y 2025. El balance ambiental muestra que esta actividad ha deforestado más de 140,000 hectáreas de bosques y contaminado al menos 225 cuerpos de agua con mercurio, a la par que, según la Unidad de Inteligencia Financiera, en la última década habría lavado activos por unos US$ 22,800 millones. Por ello, la Presidencia del Consejo de Ministros la considera ya la economía ilícita más grande del país.

Así pues, es tarea del próximo gobierno combatir sin titubeos a la minería ilegal, cuyo avance destruye la minería moderna y formal y, a la vez, establece conexiones con el crimen organizado internacional. Y es que un país vulnerable a presiones antimineras y propenso al conflicto —como muestra Tambogrande— se convierte en caldo de cultivo para estas economías ilícitas. Enfrentarlas exige restablecer el Estado de derecho en los corredores mineros, desmontar redes criminales, fiscalizar todas las cadenas de comercialización y desarrollar una efectiva política de formalización minera.