Southern apuesta US$ 10,300 millones por el cobre peruano

La decisión de Southern Copper Corporation de invertir aproximadamente US$ 10,300 millones en sus proyectos Tía María, Los Chancas y Michiquillay constituye una de las señales más importantes de confianza en el futuro minero del Perú. No se trata solamente de una cartera empresarial de gran magnitud, es también una oportunidad para que el país aproveche una coyuntura internacional excepcional, en la que el cobre se ha convertido en uno de los minerales estratégicos de la nueva economía mundial.

La cartera de Southern contempla proyectos en distintas etapas de desarrollo. Tía María mantiene como objetivo iniciar su producción en 2027, mientras que Los Chancas y Michiquillay podrían incorporarse posteriormente a la producción nacional. En conjunto, estas iniciativas tienen capacidad para incrementar significativamente la oferta peruana de cobre y generar empleo, proveedores, infraestructura, exportaciones y mayores ingresos fiscales. Pero para que las inversiones anunciadas se conviertan en realidad será indispensable que el nuevo gobierno asegure estabilidad política, respeto al Estado de derecho y condiciones adecuadas para la inversión privada.

Los Chancas constituye un ejemplo particularmente ilustrativo. El proyecto, ubicado en Apurímac, contempla una inversión de US$ 2,600 millones y una operación a tajo abierto con procesos de concentración y lixiviación. Sus proyecciones apuntan a una producción anual de 130,000 toneladas de cobre y 7,500 toneladas de molibdeno hacia 2031. Sin embargo, la presencia de minería ilegal dentro del área del proyecto continúa retrasando su desarrollo.

La empresa ha establecido mecanismos de diálogo con las comunidades para construir acuerdos con poblaciones como Tiaparo y Tapayrihua. Pero cuando grupos ilegales ocupan territorios, realizan actividades extractivas y afectan el desarrollo de una inversión formal, corresponde al Estado recuperar el control territorial. La Policía, el Ministerio Público y el Poder Judicial tienen la responsabilidad de garantizar que las concesiones legalmente otorgadas y las inversiones autorizadas puedan desarrollarse dentro del marco constitucional y legal.

La oportunidad es todavía mayor si se observa el escenario internacional. El mundo está entrando en una transformación tecnológica y energética que incrementará sustancialmente la demanda de cobre. La electrificación del transporte, las energías renovables, las redes eléctricas, los centros de datos, la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías de comunicación requieren grandes cantidades de este metal. La Agencia Internacional de Energía estima que la demanda mundial de cobre podría aumentar alrededor de 25% hacia 2040, mientras diversos estudios advierten sobre una eventual brecha entre oferta y demanda de varios millones de toneladas.

Esta presión sobre el mercado ya se refleja en las cotizaciones. Con precios cercanos a US$ 6 por libra, el cobre atraviesa un período particularmente favorable para los países productores. Para el Perú, la oportunidad es evidente: contamos con reservas de clase mundial y somos el tercer productor mundial, con aproximadamente 2.7 millones de toneladas métricas anuales. El país dispone, por tanto, de uno de los recursos que la economía mundial necesitará con mayor intensidad durante las próximas décadas.

La minería ya ha demostrado su importancia para la economía nacional. En 2025 las exportaciones mineras alcanzaron US$ 62,848 millones, 27.2% más que en 2024, y representaron el 67.5% del valor total exportado. Además, el sector aportó más de S/ 24,000 millones en tributos, de los cuales alrededor de S/ 10,000 millones fueron transferidos a gobiernos regionales y municipales mediante canon, regalías y derechos de vigencia. Cada nuevo proyecto minero formal, por ello, significa mucho más que una operación empresarial: significa nuevas fuentes de empleo, proveedores, infraestructura y recursos para el Estado.

El Perú posee reservas, experiencia, capital humano y empresas dispuestas a invertir. Lo que necesita es un Estado que haga su trabajo: garantizar la propiedad, recuperar territorios ocupados por la ilegalidad, facilitar la inversión y asegurar que los beneficios de la minería formal lleguen a las regiones. En la nueva economía mundial, el cobre será una de las materias primas fundamentales. Southern acaba de recordarnos que el Perú puede ser uno de sus grandes proveedores. Corresponde ahora al país decidir si convierte esa ventaja geológica en desarrollo.