¡Reforma laboral ya!

El Perú no puede con la informalidad laboral. El país apenas crece sobre el 2% del PBI, una cifra con la que es imposible reducir pobreza ni absorber la demanda de empleo de los 250,000 jóvenes que se incorporan anualmente a la economía. Y, en medio de las malas noticias de la economía, se debe subrayar que tampoco se puede formalizar el empleo. Por ejemplo, entre el 2013 y el 2018 apenas se logró formalizar el 1.3% de la masa trabajadora informal. 

Los estudios indican que el Perú tiene más del 72% de su PEA en informalidad laboral; es decir, millones de trabajadores carecen de protección social, salud y pensiones para el futuro. La pregunta que surge es por qué el Ejecutivo, el Congreso y las élites en general no se compran este acuciante problema, que tiene que ver con el futuro de la economía y la reducción de pobreza. Nadie lo entiende.

No se necesita ser demasiado perspicaz para entender que la principal causa de esta situación está en la rigidez para contratar y despedir trabajadores. O, para evitar frases duras y extremas, en la falta de flexibilidad laboral. Según diversos ránkings mundiales, el Perú está entre los diez países con más rigidez laboral del planeta. Y, como todos ya sabemos, los países con más flexibilidad en estos ránkings son los que tienen menos desempleo y menos informalidad.

Las cifras son aterradoras. Según un estudio de Apoyo y Consultoría, los países de ingreso similares al Perú suelen tener un 40% de informalidad laboral, mientras que en nuestro país este fenómeno sobrepasa el 70%. Un trabajador peruano, en promedio, produce 23% menos que un trabajador colombiano y la mitad de un trabajador chileno antes del estallido social del año pasado.

¿Cómo hemos llegado a esta situación? Una sentencia del Tribunal Constitucional (TC) del año 2000 estableció que el trabajador despedido tenía derecho a la reposición en el puesto de trabajo, antes que a la indemnización correspondiente. La mencionada sentencia, pues, consagró la estabilidad laboral absoluta.

Los datos son reveladores. Después de la mencionada sentencia disminuyeron los contratos por tiempo indefinido y los juicios por reposición laboral se multiplicaron en el Poder Judicial. De acuerdo a los estudios del Grupo de Análisis para el Desarrollo (Grade), hasta el 2015 más de 900,000 empleos permanentes pasaron a la condición de temporales. Y se calcula que los trabajadores perdieron más de S/ 6,000 millones en beneficios sociales.

Gracias a la Ley de Promoción Agraria (Ley 27360) todo lo contrario sucede en el sector agroexportador. La tasa de formalidad laboral subió de 16% en el 2004 a 25% en el 2017. En la costa –es decir, en las áreas de agroexportación– la formalidad se incrementó de 25% a 44%. ¿Cuál es la clave de estos logros en el sector agrario? Evidentemente la flexibilidad para contratar y despedir de acuerdo a la estacionalidad de las actividades agrarias: siembra, mantenimiento y cosecha. De allí que el sector agroexportador siga manteniendo tasas de crecimiento regulares, mientras disminuyen todos los demás sectores.

El Perú entonces debe avanzar hacia una reforma laboral general que establezca la flexibilidad en los sistemas de contratos. Es la única manera de formalizar el empleo y crear derechos para los trabajadores. Sin embargo, la izquierda peruana y los sectores colectivistas se oponen abiertamente a cualquier reforma laboral. Defienden una rigidez laboral que solo declara derechos y crea informalidad. Se convierten en verdaderos enemigos de la lucha contra la pobreza.