¿Para cuándo la reforma laboral?

En diciembre pasado, con un Decreto de Urgencia (DU), el Ejecutivo amplió la vigencia de la Ley de Promoción Agraria (Ley Nº 27360) por diez años más, hasta 2031. Por el DU, la Ley también se hace extensiva a los sectores acuícola y forestal. No obstante, representantes de los gremios de otros sectores productivos del país, como el textil, también han señalado la necesidad de aplicar la ley a sus sectores económicos.

Con la Ley de Promoción Agraria y el denominado boom agroexportador se multiplicaron nuevos contratos temporales de trabajo que mantienen todos los beneficios laborales que les corresponden a los trabajadores. Además del incremento de las exportaciones –de US$ 800 millones en 2000 a más de US$ 7,300 millones en 2019– la Ley Nº 27360 ha contribuido a la reducción de la pobreza. Según el Banco Mundial, este flagelo social se redujo de 67% a 19% de la población en las regiones agroexportadoras. Además, se ha verificado que los sueldos que se pagan en la economía de agroexportación superan a la media nacional. Igualmente, la mencionada norma ha posibilitado la diversificación de la producción agraria en más de 600 variedades de frutas y hortalizas de exportación.

Asimismo, según el Banco Mundial, la Ley Nº 27360 ha contribuido a la formalización del empleo agrario, de un 16% a 25% en menos de 15 años. Por los resultados conseguidos, el nuevo Congreso debería ocuparse de la reforma laboral teniendo como base la experiencia del sector agroexportador que, además, es conformado en su mayoría por pequeñas y medianas empresas (pymes). Según la Asociación de Exportadores (Adex), el 78% de las 2,398 empresas agroexportadoras son pymes. 

La reforma laboral es una tarea pendiente para el Ejecutivo y el Legislativo. Según el BM, la informalidad laboral (72% de la población económicamente activa sin acceso a los sistemas de salud y sistemas previsionales) se explica por la rigidez en los sistemas de contratación y despido de la ley general (a diferencia del sector agroexportador). 

Para empezar a reformar el sistema laboral, el Ejecutivo, el Congreso y el propio Tribunal Constitucional deberían discutir sobre qué hacer con la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) del año 2000, que estableció que el trabajador despedido tenía derecho a la reposición en el puesto de trabajo antes que la indemnización correspondiente. En la práctica, la sentencia del TC consagró la estabilidad laboral absoluta. 

Después de la sentencia del TC, los contratos por tiempo indefinido disminuyeron y las demandas de reposición por parte de los trabajadores despedidos se elevaron en el Poder Judicial. Según un estudio del Grupo de Análisis para el Desarrollo (Grade), para el 2015 más de 900,000 empleos permanentes pasaron a la condición de temporales. Además, los trabajadores perdieron más de S/ 6,100 millones en beneficios sociales. No obstante que la sentencia fomenta la reducción de derechos laborales y la precariedad absoluta, es apoyada por el marxismo y la izquierda peruana. 

Al respecto, vale señalar que la mayor parte de los trabajadores –del 72% de informales– no tienen representación formal ni legal. Este importante grupo de trabajadores desprotegidos no tienen asiento en los foros relacionados con los temas laborales. Los sindicatos de trabajadores reconocidos por las autoridades correspondientes solo representan a un sector pequeño de los trabajadores formales. Y las dirigencias comunistas ocultan los resultados desastrosos que se desencadenaron a partir de la sentencia del TC del 2000. 

Todos los países desarrollados que han formalizado el empleo y han reducido el desempleo a los niveles más bajos solo han tenido una clave en esos resultados exitosos: la flexibilidad laboral. El Ejecutivo y el Congreso tienen la palabra. ¿Hasta cuándo?