Liquidación de compra para formalizar la minería

En medio de la guerra política y la lentificación del crecimiento económico parece una exquisitez hablar del problema de la formalización minera. Sin embargo, para quienes defendemos el sistema republicano y las libertades económicas, el asunto de la informalidad –particularmente la de la minería– comienza a convertirse en un problema incontrolable.

A pesar de los nuevos decretos legislativos promulgados durante la administración de Ollanta Humala, que abiertamente buscaban excluir a los mineros artesanales de la formalidad –exigiendo los mismos requisitos que se demandan a la mediana y gran minerías–, la informalidad minera ha seguido creciendo. Hoy ya existen mineros informales, por ejemplo, en las zonas limeñas de Carabayllo y Cieneguilla, en una especie de cerco del campo a la ciudad.

Pero lo más grave de todo es que, con esta situación, no solo pierde el medio ambiente –con informalidad en crecimiento no hay manera de fiscalizar–, sino también el fisco. Se calcula que de un total de más 400,000 mineros artesanales apenas 5,000 tributan. Igualmente, desde el 2012 hasta la fecha se ha exportado más de US$ 15,000 millones en oro sin declarar. En otras palabras, el crecimiento de la informalidad minera golpea al Estado principalmente, más allá de que los productores artesanales no tengan posibilidades de seguir creciendo.

Una de las causas del crecimiento de la informalidad es el haber eliminado el sistema de liquidación de compras mediante el cual las plantas de beneficio de minerales compraban la producción de los mineros artesanales descontando 4% por renta y 18% de IGV por el total de la venta. Mediante este sistema los productores artesanales tenían un pie en la formalidad, pagaban tributos, y se lograba un sistema de registro eficiente de los pequeños mineros para avanzar en la formalización. Pero sobre todo el Estado cumplía el objetivo nacional de incrementar la recaudación.

Sin embargo, una serie de perjuicios de la administración nacionalista en contra de las plantas de beneficio determinó que se eliminará el sistema de liquidación de compra, que funciona en otras áreas de la economía para crear sistemas de transición entre la formalidad y la informalidad. La eliminación de este sistema, sorprendentemente, fue mantenida por las administraciones de PPK y Vizcarra, bajo el argumento del incremento de la recaudación. Un objetivo en el que se ha fracasado en todas las líneas.

Luego de eliminarse el sistema de liquidación de compra, el productor artesanal tenía que encargarse de todos los actos tributarios. Debían presentar una guía de remisión con 60 requisitos, de acuerdo al Reglamento de Comprobantes de Pago. Igualmente tenían que sacar un RUC y poner a los operarios en planilla. La pregunta es ¿qué iban a hacer, frente a esta situación, las miles de unidades informales acostumbradas a la extralegalidad? Es obvio que buscarían las maneras de eludir la formalidad para seguir produciendo.

Y si le agregamos que a los pequeños productores se les exige los contratos para explotar el mineral, los cálculos de las reservas probadas del yacimiento y los libros contables de los últimos años, resultaba más que evidente que la formalización minera iba a fracasar. Y considerando la prédica demagógica de las corrientes colectivistas y populistas, opuestas a las libertades económicas, tarde o temprano una enorme fuerza social de pequeños empresarios, abiertamente promercado, podría terminar respaldando a las propuestas estatistas. Advertidos estamos.