Ley de Promoción Agraria debe ser permanente

Un Grupo de Trabajo de la Comisión Permanente del Congreso acaba de declarar la constitucionalidad del Decreto de Urgencia (DU) Nº 043-2019, que amplió la vigencia de la Ley de Promoción Agraria (Ley N° 27360), por diez años más. Es decir, hasta el 2031. Asimismo, el mencionado Grupo de Trabajo recomienda que el próximo Legislativo publique la norma como ley, habida cuenta que el Congreso pasado aprobó la norma respectiva. 

Todos los peruanos de buena voluntad deberíamos respaldar la recomendación del señalado Grupo de Trabajo. En 19 años de vigencia de la Ley 27360 las exportaciones agroexportadoras se han incrementado de US$ 800 millones a US$ 7,500 millones el año pasado. Se proyecta que este año se alcanzará los US$ 8,500 millones en exportaciones; sin embargo, los inversionistas son más optimistas y hablan de envíos de más US$ 10,000 millones para el Bicentenario. De esta manera el Perú comienza a acercarse a los montos exportados por la agroindustria de Chile (US$ 17,000 millones), con más de tres décadas de inversiones y promociones agrícolas.

No obstante, a entender de este portal, ampliar la vigencia de la ley 27360 por diez años es absolutamente insuficiente. Según nuestro criterio la norma debería ser permanente y servir de base para reformar el sistema tributario y laboral, con objeto de agregar productividad y competitividad a nuestra economía. Según la ley de Promoción Agraria, por ejemplo, las agroexportadoras solo pagan 15% de renta; y de una u otra manera, este sector se ha convertido en uno de alta reinversión gracias a estos criterios. Por ejemplo, se acaba de conocer en el Perú que este año se distribuirán US$ 22,000 millones en utilidades de las empresas. ¿Qué significa esta noticia? Que empieza a existir poca reinversión por todos los problemas políticos, económicos y sociales acumulados.

En este contexto, el sector agroexportador sigue creciendo porque reinvierte sus utilidades gracias al sistema tributario promocional. Pero eso no es todo, Ecuador y Colombia, por ejemplo, han decidido entrar de lleno a promover sus agroexportaciones con cero en renta. La idea es convertir a este sector en un boom de inversiones.

La ley de Promoción Agraria ha desarrollado tales efectos benéficos que del total de empresas agroexportadoras, el 94% corresponde a las pequeñas empresas. En el sector existe una enorme movilidad porque las pequeñas se transforman en medianas y algunas llegan a ser grandes.

Los argumentos para que la ley 27360 sea una norma permanente no solo tienen que ver con los aspectos tributarios, sino también con la propia naturaleza de la actividad. Los inversionistas agroexportadores trabajan con seres vivos: un árbol de palta vive 35 años y una parra de uva más de 30 años. Sin embargo, la demanda mundial de verduras, frutas y hortalizas es extremadamente competitiva y requiere reinversión permanente y diversificación productiva. Por ejemplo, antes los fundos agroexportadores eran monocultivos, pero hoy tienden a la diversificación gracias a las posibilidades de reinversión. En este contexto, habría que preguntarse cuán atractivo es ampliar la vigencia de la Ley de Promoción Agraria solo por diez años, cuando Ecuador y Colombia lanzan una ofensiva promotora en sus respectivos agros. De allí la urgencia y la necesidad de convertir a la Ley 27360 en una norma permanente.

Los criterios flexibles para contratar trabajadores de acuerdo a la temporalidad de las actividades agrarias –que establece la Ley 27360– han desencadenado importantes efectos sociales. Según el Banco Mundial, la pobreza se redujo de 67% de la población a 19% en las zonas agroexportadoras; y según el BCR, la formalidad laboral en el campo se incrementó en 160%.

Planteados estos temas, ¿acaso alguien duda de la urgencia de que Ley 27360 se convierta en una norma permanente?