En el Perú, hablar de cobre no es solo hablar de miner&...
Diversos especialistas económicos han señalado que la Ley de Promoción Agraria (Ley N° 27360) debería ser la base de una reforma tributaria que fomente la reinversión de las utilidades de las empresas y la formalización del empleo. Como todos sabemos, las dos vigas maestras de la Ley de Promoción Agraria son el pago del 15% del impuesto a la renta (en el sistema general este pago es de 30%) y la flexibilidad para contratar y despedir de acuerdo a la estacionalidad de las diversas actividades agrarias: siembra, cosecha y mantenimiento.
Según el Banco Central de Reserva, en la última década la agroexportación ha crecido en un promedio anual de 3.8%, y en el 2018 los envíos al extranjero sumaron US$ 7,000 millones, contribuyendo con el 3% del PBI. Vale destacar que las agroexportaciones eran de US$ 643 millones en el año 2000, que desde entonces se incrementaron notoriamente y que los pronósticos más optimistas señalan que el 2021 sobrepasaremos los US$ 8,000 millones en envíos.
De otro lado, también han existido efectos benéficos para el Estado, porque el incremento de la inversión y la productividad del sector agropecuario se expresan en el incremento de la recaudación tributaria. Entre el 2000 y el 2017 la recaudación del Estado en este sector aumentó de S/ 73 millones a S/ 569 millones. Es decir, más de seis veces. Un dato muy importante a considerar es que el número de empresas exportadoras del sector pasó de 7,700 a 8,300. De ellas, más del 80% son pequeñas empresas, con enorme capacidad de crecimiento y diversificación, porque logran conectarse con los mercados globales de exportación.
El impacto en el empleo ha sido impresionante. Los empleos creados entre el 2004 y el 2017 en el agro se incrementaron de 130,000 a 250,000. En general, la tasa de formalidad en el sector agrícola subió de 16% en el 2004 a 25% en el 2017. Y en la costa el efecto es mucho más evidente: la formalidad creció de 25% a 44%. Gracias a todos estos logros el ingreso promedio en el sector agrario formal es 128% superior que el del sector informal.
Como se aprecia, la Ley de Promoción Agraria puede significar la base de una reforma tributaria y laboral que relance la productividad y la competitividad de la economía nacional. Si observamos los niveles de crecimiento del sector agroexportador es incuestionable que las empresas están reinvirtiendo utilidades por el papel promocional de la Ley N° 27360. En sentido contrario, se acaba de conocer que el año pasado se registró más de US$ 22,000 millones en repartos de dividendos; es decir, de utilidades. En otras palabras, frente a la crisis política, económica y social, las empresas prefieren no reinvertir.
Las cosas se presentan mucho más claras en el tema laboral. La flexibilidad para contratar y despedir ha posibilitado la formalización, y en zonas como Ica se ha llegado al pleno empleo, confirmando la tesis de que a más flexibilidad, más empleo y derechos laborales. No solo sucede en las regiones agroexportadoras, sino en todos los países en donde existe mayor flexibilidad laboral.
Planteada las cosas surge la interrogante: ¿por qué la Ley de Promoción Agraria no se convierte en la base de una gran reforma a favor de la productividad de la economía?
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