La izquierda liquida la minería

El reporte Efectos macroeconómicos del conflicto Tía María, del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF, agosto 2019), señala que el impacto económico de las protestas en contra del proyecto de cobre arequipeño ha provocado pérdidas de S/ 250 millones y un atraso en las exportaciones del sur de US$ 100 millones. El 98% de la mercadería detenida por el bloqueo de la vía férrea y el puerto de Matarani corresponde al sector minero. Los otros sectores afectados son petróleo y gas, sector agropecuario y otros.

Según los cálculos del MEF, Tía María contribuirá con 0.2% al PBI durante la etapa de construcción y 0.5% en su etapa de producción. En los 18 años de vida útil del proyecto, su aporte será 1.5 veces el PBI de Arequipa y 8.8% del PBI nacional. El reporte además señala que desde el 2005 hasta 2019 la concesionaria Southern ha invertido US$ 500 millones en el proyecto. Además, ejecuta diversos programas vinculados al desarrollo agrícola y ganadero, y contribuye con la educación escolar y el entrenamiento de los jóvenes en ocupaciones técnicas. 

El informe del MEF señala que la minería peruana representa el 12.1% del producto nacional, el 13% de la inversión privada y el 59% de las exportaciones totales (US$ 29,000 millones en 2018). De igual manera, indica que 47 proyectos mineros, inversiones de US$ 58,000 millones, están en camino. De estos proyectos, US$ 9,000 millones están en etapa de construcción (proyectos nuevos: Quellaveco y Mina Justa. En ampliación se encuentran el proyecto Toromocho y otros tres proyectos más.

El aporte de la minería es crucial para la economía peruana: aporta divisas, renta, canon, regalías, empleo formal directo (seis puestos de trabajo indirecto por cada empleo directo) y convenios de cooperación con las comunidades donde se establecen las inversiones mineras. El reporte del MEF señala que hasta la fecha, en 2019, por canon y regalía mineros han sido transferidos S/ 3,975 millones, de los cuales la región Arequipa recibió S/ 759 millones. Asimismo, entre el 2004 y agosto 2019 la región el sur recibió S/ 7,135 millones. Con ese presupuesto, hace rato Arequipa debería tener la mejor infraestructura productiva del país (carreteras, puentes, electricidad, agua potable) y servicios públicos de alta calidad (colegios, centros médicos, seguridad. 

Lamentablemente —según estudios de José Beteta, presidente de Contribuyentes por el Perú—, el canon —que es un aporte extraordinario— no es utilizado por los gobiernos locales y regionales para obras también extraordinarias, sino para gasto corriente y obras sin mayor trascendencia. Por eso la población protesta y reclama obras a las empresas mineras, en lugar de pedírselas a las autoridades elegidas por ellos. 

Contrariamente a lo que se afirmaba en 2018 (que la minería crecería 4.3% en 2019), la producción minera ha retrocedido 3.1% debido a los conflictos en el sur, desde el bloqueo de la carretera que afectó al proyecto Las Bambas (Apurímac). ¿En qué quedó el acompañamiento por parte del Estado a los proyectos productivos que ofreció César Villanueva cuando asumió el cargo de premier? Recordemos que en marzo de 2018 el premier señalaba que era inconcebible que habiendo tanta riqueza debajo de la superficie hubiera pobreza encima de ella. ¿Declaraciones de buena voluntad, de boca para afuera y nada más? 

Según el mismo MEF, entre los meses de enero y agosto del presente año el riesgo país es el más bajo de la región, detrás de Brasil, México, Colombia y Chile. Este resultado es responsabilidad del Ejecutivo de Martín Vizcarra por su débil performance. El marxismo, la izquierda peruana y las ONG vinculadas a intereses antiperuanos han logrado dividir al país, debilitado las instituciones y, lo peor, han puesto de rodillas a Vizcarra frente a las dirigencias violentistas del país. 

Por popularidad —no hay otra explicación— Vizcarra cede, sin percatarse (por su falta de talla de estadista) de que la economía es dañada seriamente. Los inversionistas nunca van a lugares en donde la violencia social se extiende y donde la seguridad jurídica está controlada por tendencias comunistas.