Estado, Tía María y el futuro de la minería

La minera Southern ha señalado que la ratificación de la licencia de construcción del proyecto de cobre Tía María por el Consejo de Minería del Ministerio de Energía y Minas (Minem) no significa que la construcción de la mina empezará automáticamente. El motivo: la empresa buscará ampliar y profundizar el consenso social en el valle de Tambo y Arequipa. Asimismo, en la administración Vizcarra se ha sostenido que el Consejo de Minería es autónomo y que se respetan sus decisiones. Si bien todos estos hechos revelan prudencia y cálculo, es evidente que la estrategia del radicalismo antiminero comienza a ser derrotada en Tía María.

La derrota del extremismo antiminero no solo se refleja en la calma social que se extiende en el valle de Tambo (área donde se emplaza Tía María), sino también en que los mensajes y discursos radicales ya no tienen eco en el Estado ni en los medios. Sin embargo, sería un grave error bajar la guardia en el tema. Los sectores antimineros han definido que Tía María debe bloquearse porque es la única manera de avanzar en su estrategia para paralizar la producción del Corredor Minero del Sur, en donde se genera más del 50% del cobre nacional.

El Estado, la sociedad y las élites nacionales deberían entender que sacar adelante Tía María puede representar un hito en el fomento de inversiones mineras y de recursos naturales, un proceso que se lentificó desde el bloqueo de Conga en Cajamarca y el cinturón de cobre del norte del país. Además, la consolidación de Tía María enviaría un claro mensaje al radicalismo antiminero: el Estado y sus instituciones respaldan las inversiones mineras en el sur porque están amparadas por la Constitución y la ley.

En este contexto, las leguleyadas del Gobierno Regional de Arequipa (GRA) que, mediante la declaración de “zona de reserva ecológica” a las Lomas de Cachendo (área ubicada en el proyecto Tía María), busca detener la inversión en el Poder Judicial, aparecen como recursos desesperados y sin sentido. Si el Estado se muestra firme en la defensa de la constitucionalidad y la legalidad del proyecto Tía María, entonces el actual Ejecutivo comenzará a aparecer nítidamente al lado de la inversión. Así parece indicarlo la promulgación, mediante decreto de urgencia, de la ampliación de la vigencia de la Ley de Promoción Agraria –aprobada en el Congreso antes de su disolución–; la modificación de la normatividad del proceso de la Reconstrucción con Cambios, a través de la centralización de las obras en el Gobierno Central; y el establecimiento de que el Ejecutivo se encargará del proyecto Majes - Siguas II y de promover una nueva ley para exploraciones en hidrocarburos. En cualquier caso, son buenas noticias.

Siempre vale recordar que Tía María representa una inversión de US$ 2,400 millones para producir 120,000 toneladas de cátodos de cobre. Semejante producción incrementará en 0.4% el PBI nacional y se calcula que en dos décadas los ingresos del Estado por este proyecto sumarán S/ 5,600 millones en canon y regalías.

De otro lado no se puede olvidar que el futuro del Perú, de una u otra manera, está vinculado al cobre. Si el Perú ejecutara su cartera de inversiones para el metal rojo en el norte y en el sur del país, llegaría a producir 4.7 millones de toneladas de cobre y estaría en condiciones de disputarle primacía mundial a Chile. Asimismo, estaría creciendo por encima del 5%, y la pobreza se habría reducido por debajo del 15% de la población.

Como se aprecia, el éxito de Tía María no solo tiene que ver con un proyecto, sino con el futuro de las inversiones en cobre y la viabilidad de nuestro país.