Durante los años cincuenta y sesenta las izquierdas com...
Entre los mayores yerros de la alianza colectivista del Ejecutivo y del Congreso, del Partido Morado y del Frente Amplio, están la derogatoria de la Ley de Promoción Agraria (Ley N° 27360) y la persistencia en el monopolio estatal para importar vacunas del Covid. La derogatoria de la señalada norma causará más pobreza, y la continuidad del monopolio tendrá que ver con el aumento de la letalidad en la pandemia. La administración Sagasti es responsable de estos terribles despropósitos.
La derogatoria de la Ley de Promoción Agraria, la mejor norma económica de las últimas dos décadas –que pretendía ser copiada por países competidores–, es la mejor revelación de la ideología predominante en el Ejecutivo. Hasta el Ministerio de Economía se rindió a la burocracia ideologizada.
La Ley de Promoción Agraria establecía un régimen tributario especial (15% por renta) que fomentaba la permanente reinversión de las utilidades. Por ejemplo, en el 2019 –ante la crisis política e institucional en desarrollo– las empresas en el Perú repartieron utilidades alrededor de US$ 22,000 millones. Sin embargo, la casi totalidad de las empresas agroexportadoras se dedicaron a reinvertir: allí está la explicación de que la agroexportación continuara en expansión en el 2020, el año de la pandemia y la recesión mundial. Esa normatividad no va más. Con el argumento falso acerca de que el Estado dejaba de recaudar, se ignoró que las exportaciones se incrementaron de US$ 850 millones a más de US$ 7,000 millones. Es decir, las posibilidades de recaudar impuestos crecieron exponencialmente.
Pero eso no es todo. Gracias al sistema tributario que fomentaba las inversiones, en dos décadas de vigencia de la mencionada ley se lograron inversiones de alrededor de US$ 20,000 millones en la agroexportación. El milagro del regreso del capital al campo. Diversas proyecciones indicaban que si se garantizaba la seguridad jurídica, en una década se podría sumar una inversión parecida. Sin embargo, la conducción del Frente Amplio en el Congreso, y del Partido Morado en el Ejecutivo y el MEF, se cargó una de las mejores leyes de nuestra historia republicana.
La nueva Ley del Régimen Laboral Agrario (Ley N° 3110) establece una remuneración especial para el agro (RMA), diferente a la remuneración mínima vital nacional, al margen de la productividad y realidad económica de las empresas, y que vulnera la lógica del Consejo Nacional del Trabajo (Estado, trabajadores y empresarios), en donde los aumentos salariales reflejan decisiones y acuerdos tripartitos. De otro lado, la mencionada norma promueve la negociación colectiva y los contratos preferenciales cuando un trabajador ha mantenido más de un contrato con una empresa.
Es incuestionable que estas normas crean una estabilidad laboral velada y acaban con la flexibilidad laboral en los contratos. Cabe recordar que una de las claves de los éxitos del régimen agroexportador era la flexibilidad laboral, que posibilitaba contratar según la estacionalidad de las actividades agrarias: siembra, mantenimiento y cosecha.
Se debe señalar que los costos laborales representaban, en promedio, más del 60% de los costos totales de una inversión agroexportadora, y que algunas agroexportadoras contrataban entre 10,000 y 25,000 trabajadores por campaña. Con los incrementos salariales de la nueva ley agraria, los costos laborales en promedio se elevarán entre 70% y 80% . En este contexto, ¿cómo sobrevivirán las empresas? Es incuestionable que las más grandes se mecanizarán, en tanto que las más débiles quebrarán. El resultado: más capital y tecnología, y menos empleo.
Según Julio Velarde, presidente del BCR, entre el 2011 y el 2019 el sector agrario generó el 9% del empleo adecuado. Asimismo, diversos estudios señalan que durante dos décadas de vigencia de la Ley de Promoción Agraria la pobreza extrema en las zonas agroexportadoras cayó de 19% de la población a solo 3%. Igualmente, el contenido social de la derogada ley era enorme: se crearon un aproximado de 8,000 empresas vinculadas a la agroexportación, pero cerca del 80% era pymes.
Por todas estas consideraciones, el nuevo Congreso a instalarse el próximo 28 de julio, en el acto, debe restablecer la vigencia y la permanencia de la Ley de Promoción Agraria, y cancelar el atentado estatista en contra de las inversiones en el agro.
COMENTARIOS