Cajamarca le dice sí a la minería

Según una encuesta realizada recientemente en Cajamarca, el 89.6% de la población urbana de esa región “tiene una posición favorable a la minería”. El sondeo realizado por Aurum Consultoría y Mercado señala que el 78.9% de los encuestados considera que la minería es el sector que más puestos de trabajo ofrece y que el 78.7% cree que el sector minero es esencial para la reactivación económica después de la pandemia de coronavirus. Asimismo, el 78% señala que las inversiones de cobre son favorables para el desarrollo de la región del norte. Sin embargo, el 44.3% de los encuestados desconoce la enorme contribución de la minería para el canon regional y su papel en el aumento de los presupuestos de los gobiernos regionales y municipales. 

Cajamarca tiene un increíble potencial en minería, ganadería y agricultura; sin embargo, es una de las regiones más pobres del país. De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística e Informática (Inei), la pobreza afecta al 38% de la población, bastante alejada de la media nacional de 20.2% (cifras existentes antes de la pandemia). No obstante, la difícil situación de la población por ausencia de trabajo y oportunidades de superación, las rondas campesinas y los autodenominados comités de lucha por el medio ambiente se habían propuesto –antes de la crisis sanitaria– bloquear los proyectos mineros. Ojalá las cosas cambien luego de la impresionante movilización y aporte mineros contra el Covid-19. 

Por ejemplo, los supuestos ambientalistas se oponen al proyecto La Zanja y otras inversiones mineras, denunciando contaminaciones al medio ambiente y daños que nunca fundamentan ni comprueban. En febrero pasado, los asistentes al XII Congreso de la Federación de Rondas Campesinas Urbanas e Indígenas acordaron impedir las extracciones mineras en la denominadas “cabeceras de cuenca” (relato falso y anticientífico de las cuencas hidrográficas, inventado por el ex congresista Marco Arana, de la ONG antiminera Grufides). 

El estribillo “agua sí, oro no” y las diversas estrategias del círculo antiminero pretenden detener en Cajamarca el potencial clúster que se desarrollaría con sus principales proyectos. Conga, Galeno, La Granja, Shahuindo, Michiquillay, entre otros, transformarían a Cajamarca de una de las regiones más pobres del país a una con ingreso per cápita del primer mundo, tal como sucede con Antofagasta en Chile. Según el Ministerio de Energía y Minas, más de US$ 16,209 millones en inversiones mineras están pendientes en Cajamarca. 

El proyecto del clúster minero del norte no solo resolverá el problema del agua para el consumo humano y la agricultura –que el Estado no soluciona–, porque las inversiones mineras cosecharán agua mediante represas y reservorios, sino que establecerá una sola huella de impacto ambiental: desde el sistema de transporte hacia el puerto de Bayóvar para trasladar el mineral hasta los depósitos de los desechos.

Es increíble cómo las oenegés y los colectivos, supuestamente ambientalistas, detienen la construcción de vías de comunicación, reservorios de agua y sistemas de regadío, de electrificación y conectividad a Internet. Asimismo, boicotean el impulso a la ganadería y agricultura, y a obras vinculadas a la salud y educación, destinadas a mejorar los niveles sociales y económicos de la región. El objetivo: detener la solidaridad social de las empresas mineras.

Para recuperar el sueño minero de Cajamarca es fundamental que se concrete el proyecto de cobre Michiquillay, inversión de US$ 2,000 millones, de modo que se relancen los círculos virtuosos de la minería y se genere un nuevo clima entre el Estado y la sociedad, sobre la base del respeto a la Constitución y las leyes que los sectores antimineros pretenden vulnerar. Si el Estado, las autoridades y la sociedad son capaces de sacar adelante Michiquillay, entonces será posible soñar con la posibilidad de un clúster minero, y Cajamarca podría convertirse en una región con ingreso per cápita del primer mundo.