La batalla cultural por un cine de calidad en el Perú

Se ha desatado un intenso debate alrededor del proyecto de la Nueva Ley del Cine que acaba de presentar la congresista Adriana Tudela, de Avanza País. Un proyecto que, a nuestro entender, recupera algunos criterios básicos sobre la industria cinematográfica y la aleja de los subsidios estatales que se otorgan por criterios ideológicos y excluyentes a los sectores de la izquierda comunista y progresista. Diversos activistas y colectivos de izquierda han creado un colectivo “En defensa del cine peruano” y, como suele suceder con todos los pronunciamientos de estos sectores, se presentan como representantes del “arte verdadero”, en contra de la intervención capitalista en la industria.

La reacción de este colectivo, inmediatamente, debe contrastarse con las producciones cinematográficas financiadas con el impuesto de todos los peruanos, que cualquier historiador del siglo XX podría confundir con las expresiones del llamado “realismo socialista” del siglo pasado, que florecieron sobre todo en la ex Unión Soviética. Entre las películas financiadas con el dinero de todos los peruanos están La revolución y la tierra (2019) que, de una u otra manera, sublimiza la reforma agraria de la dictadura militar de Velasco, que empobreció a los peruanos, sobre todo a los campesinos. Igualmente, está la producción Hugo Blanco, río profundo (2019), que elogia la figura de un militante comunista que, incluso, asesinó a un policía. Y también está la película Rojo profundo (2023), que convierte a Javier Diez Canseco, un militante comunista, defensor de la dictadura del proletariado y la violencia revolucionaria, en un profeta del mañana colectivista. Y, por supuesto, también están producciones posmodernas, verdaderos monumentos a la frivolidad, como la serie “Mi cuerpa, mis reglas” (2021).

Si todas estas producciones se desarrollaron con el dinero del fisco, ¿cómo los peruanos podemos seguir viviendo en un Estado de derecho, bajo el imperio de la Constitución y las leyes, si desde el Estado toleramos que se financie indiscriminadamente panfletos comunistas y progresistas con el dinero de todos los peruanos? La izquierda, como cualquier sector fundamentalista religioso, tienen todo el derecho a desarrollar sus narrativas, a construir sus profetas y sus propuestas apocalípticas; pero deben hacerlo con su dinero, no con los recursos del fisco que, en caso de excedentes, solo deberían destinarse a financiar servicios sociales y obras para los más pobres.

Por todas estas consideraciones, a nuestro entender, el proyecto de la congresista Tudela apunta a establecer ciertas reglas que posibiliten la libre competencia, la atracción de inversiones y la pluralidad en el financiamiento público de las producciones cinematográficas. Vale señalar que, en la actualidad, no existe una ley del cine, como sostienen los activistas de izquierda, sino solamente el Decreto de Urgencia 022-2019, promulgado por el Gobierno de Martín Vizcarra, quien perpetró el golpe de Estado de septiembre del 2019. Por lo tanto, no contamos con una ley de cine. Y luego de las producciones sectarias que acabamos de reseñar líneas arriba, es más que evidente la urgencia de aprobar una nueva ley del cine que establezca criterios de competencia y pluralidad.

El proyecto de la Nueva Ley del Cine tiene como objetivo principal abrir las puertas del mercado cinematográfico y turístico peruano a producciones nacionales y extranjeras. Para lograrlo, la propuesta establece incentivos fiscales para las producciones que elijan filmar en territorio peruano, fomentando así la competencia entre quienes buscan acceder a subsidios públicos y simplificando la burocracia estatal para brindar claridad normativa. Adriana Tudela argumenta que la legislación actual no fomenta la inversión en el país y, en algunos casos, ha llevado a la producción de películas en locaciones extranjeras debido a la falta de incentivos y a las barreras burocráticas en el Perú. Ese ha sido el caso, por ejemplo, de la nueva película de la saga británica del oso Paddington, titulada Paddington en Perú, que va a ser filmada ¡en Colombia!

Uno de los aspectos más cuestionados por la izquierda es el planteamiento de reducir los subsidios que actualmente reciben las producciones cinematográficas. El proyecto de ley plantea que el Estado solo podrá subsidiar hasta el 50% de un proyecto cinematográfico, en contraste con el 100% que se permite actualmente. Esta medida busca estimular la competencia y fomentar el desarrollo de una verdadera industria cinematográfica en el Perú: se pretende  que la calidad de las producciones atraiga al público en las salas de cine, tal como sucede en cualquier lugar del planeta. Con un subsidio total solo se alientan las producciones ideológicas sin ninguna relación con los consumidores.

Otro aspecto significativo del proyecto es la creación de una ventanilla única a cargo de Promperú, encargada de agilizar el proceso de obtención de autorizaciones y licencias para llevar a cabo producciones audiovisuales en el territorio nacional. Esta medida pretende simplificar los trámites burocráticos y promover la inversión en el sector cinematográfico peruano.

La congresista Tudela ha destacado que su propuesta será debatida democráticamente en el Pleno del Congreso, marcando un contraste con la promulgación de la ley anterior, que se realizó en un proceso cerrado entre el Gobierno y los gremios cinematográficos.