El Ministerio de Cultura se viste todo de rojo

Se acaba de conocer que el próximo 13 de agosto se estrenará el documental Rojo profundo que aborda la vida del ex parlamentario comunista Javier Diez Canseco. La película, producida por Hiperactiva Comunicaciones y dirigida por Maga Zevallos, ganó el financiamiento de un concurso desarrollado por el Ministerio de Cultura del Perú en 2020. Asimismo, tiempo atrás se conoció de otro documental Río profundo que trata de la vida y la trayectoria de Hugo Blanco que, si bien fue financiada por la Cancillería Federal de Austria, igualmente ganó un concurso del Ministerio de Cultura del Perú para solventar la distribución de la película en cineclubes, teatros municipales o universitarios, colegios y centros culturales.

Conocida esta información es legítimo preguntarse, ¿en qué momento el Estado peruano se convirtió en fuente de financiamiento de las estrategias culturales de los sectores comunistas y colectivistas que cuestionan la vigencia de la Constitución de 1993 y proponen la convocatoria de una constituyente? ¿En qué momento se decidió que los impuestos que pagan todos los peruanos iban a servir para desarrollar la estrategia cultural de los sectores más radicales de la izquierda peruana?

No negamos el derecho que tienen los sectores marxistas de desarrollar sus narrativas, construir sus propios evangelios profanos y encumbrar a sus profetas del mañana colectivista. Tienen todo el derecho en este país. A lo que no tienen derecho es a utilizar los recursos del Estado, los impuestos de todos los peruanos, para sublimar la vida de dos personajes de izquierda que, más allá de sus bondades o defectos personales, representan a la ideología totalitaria que ensangrentó todo el siglo XX y sigue inundando con ríos de sangre el siglo XXI, con más de 150 millones de muertes. 

Y, sobre todo, no tienen ningún derecho a angelizar la vida de dos bolcheviques que defendían la lucha de clases y el papel de la violencia como partera de la historia en una sociedad como la peruana que, durante los años ochenta, padeció uno de los terrorismos más cruentos del planeta y de la historia de la humanidad, mediante la acción del senderismo. A este paso, ¿acaso el Ministerio de Cultura del Perú terminará financiando películas que edulcoren la vesania y la tragedia que desató el terror senderista? Desde cualquier punto de vista, todos estos hechos parecen inaceptables. Y los únicos responsables son los políticos que creen que la cultura, la historia y los asuntos ideológicos no tienen valor alguno. ¿Cómo es posible que los partidos y el Congreso sigan permitiendo estas situaciones?

Cualquier Ministerio de Cultura del mundo ante la proximidad del Bicentenario de la Independencia –tal como sucedió en el 2021– habría llenado los cines con películas sobre la independencia, habría financiado documentales sobre la vida y obra de Faustino Sánchez Carrión y de José Luna Pizarro, dos tribunos fundamentales del camino republicano que inició el Perú luego de la independencia de la metrópoli. Sin embargo, el sector Cultura se dedicó a financiar documentales de dos reconocidos bolcheviques del siglo pasado.

Es hora, como se dice, de tomar el rábano por las hojas y proceder a una reorganización total del Ministerio de Cultura o proceder a su cierre inevitable. De alguna manera este ministerio parece haberse convertido en un ministerio de propaganda de una ideología totalitaria.

Lo repetimos. No negamos el derecho de los marxistas a construir sus relatos y presentar a sus profetas como la expresión de una religión profana. Sin embargo, cuando se trata del Estado –es decir, de la entidad que debe representar a todos los peruanos– los documentales deberían expresar todas las encrucijadas de la historia del Perú y deberían recoger los relatos de todas las corrientes nacionales: documentales de José de la Riva Agüero, de Víctor Andrés Belaunde, de Víctor Raúl Haya de la Torre, de José Carlos Mariátegui, de Jorge Basadre, entre otros.

Como se aprecia, hay una feroz guerra cultural en curso. Quienes pretenden defender las libertades están en la obligación de defender los relatos de la libertad frente a los nuevos fundamentalismos marxistas.