Tribulaciones gasíferas bolivianas para tener en cuenta

El gas natural (GN) en Bolivia ha significado el paso de la fortaleza a vulnerabilidad extrema de la economía. Esta semana la noticia ha sido resaltada por medios de comunicación peruanos, alertándonos de una posible migración de ciudadanos bolivianos hacia nuestro país, cuyas consecuencias sociales y económicas las conocemos por la experiencia con el caso venezolano. 

Nuestros vecinos altiplánicos están sufriendo la caída libre de sus reservas de GN por la falta de inversión en exploración, que les permitiese restituir los recursos consumidos en las exportaciones a Brasil y Argentina. En el caso brasileño, hay dos destinos de venta, Cuiabá en el estado de Mato Grosso y Sao Paulo, en total se podía llegar a colocar hasta 1,100 millones de pies cúbicos por día (MMPCD), mientras que para Argentina el destino es Campo Grande en la provincia de Salta, donde la demanda ascendía hasta 760 MMPCD. 

En conjunto las exportaciones bolivianas eran el triple de las que ha llegado a realizar nuestro país en su mejor momento (año 2013) desde la planta de licuación de Perú LNG SRL ubicada en Pampa Melchorita, en el kilómetro 172 de la Panamericana Sur. La disminución de las ventas bolivianas se ha debido no solo a la reducción en la producción, sino también a los hallazgos de reservas y puesta en producción que han tenido Brasil y Argentina en la última década. 

Mientras hubo ingresos, el gobierno de Evo Morales no reinvirtió en exploración; en cambio realizó una masificación mediante redes de distribución y usó los fondos en programas sociales que no eran sostenibles en el tiempo.

Esta ingrata experiencia estatista dilapidadora de recursos fiscales debemos tomarla en cuenta, porque también estamos camino a un agotamiento de reservas, sin política exploratoria alguna, mientras de la caja fiscal en los últimos siete años se han utilizado 4,000 millones de dólares (MMUS$) para financiar a Petroperú, y falta más aún para intentar salvar la empresa.

En cuanto a la exploración en los últimos 25 años hemos pasado por grandes altibajos. En el 2000 se tenía 14 contratos, con 391 MMUS$ de inversión; pasamos a un crecimiento sostenido hasta el 2011, en que se llegó a 62 con una inversión de 599 MMUS$, y luego hubo un descenso abrupto a 6 contratos con solo 6 MMUS$ de inversión que es lo que se ha tenido al cierre del 2023.

En la perforación de pozos, que es la unidad de medida para la probabilidad de hallazgo de reservas, en el 2000 se hicieron 5, en el 2011 se perforaron 20 y en los años 2022 y 2023, no se perforó nada. 

Las reservas han disminuido sin tener reposición alguna en los dos principales lotes productores. En el lote 88 (Camisea) en 20 años de explotación ha habido una disminución de 28%, con lo cual solo se tiene para 18 años adicionales. En el lote 56, en 14 años la caída de reservas ha sido de 38% y alcanzarán hasta el 2031. 

La lectura de las cifras señala que para el consumo local (lote 88), con un horizonte de 18 años, no hay ningún atractivo para las termoeléctricas que evalúan sus proyectos a 20 años, que son los principales consumidores. En cuanto a la exportación (lote 56) la interrogante es ¿cuál será el destino de la planta de licuación de Perú LNG? Invirtieron 3,800 MMUS$ y la vida útil de su inversión llegará solo a 21 años. 

El gobierno, sin estrategia alguna, ha hecho anuncios para atraer inversionistas para la actividad preexploratoria, denominada Convenio de Evaluación Técnica (CET) en la región Madre de Dios, específicamente en el Parque Nacional Bahuaja Sonene. De no manejarse adecuadamente terminará en una confrontación con ambientalistas y en una gran frustración exploratoria. 

Lo que compete es que se plantee con firmeza al Consorcio Camisea, liderado por la argentina Pluspetrol, una renegociación de los contratos de los lotes 88 y 56, para que tengan compromisos exploratorios en los contratos para el período que les queda de vigencia (16 años en lote 88 y 25 años en lote 56), dado que en todos los años de operación no han repuesto ni una molécula de las reservas consumidas. 

Es muy difícil que en el actual gobierno se consiga una renegociación ventajosa para el Estado y el tema debe ser materia de debate en el proceso de las elecciones del 2026.