Si hablamos de percepciones, estamos muy mal

Hace unos días Proética, capítulo peruano de Transparencia Internacional, señaló que nuestro país había descendido considerablemente en el ranking de percepción de la corrupción que esta organización internacional elabora. Efectivamente, Perú descendió del puesto 88 que obtuvo en el 2015 al puesto 101 en el 2016, de un total de 176 países que durante los últimos años vinieron disminuyendo sus índices de percepción de la corrupción. Esto, según el estudio publicado, evidencia que en nuestro país se ha incrementado la percepción de corrupción en general, en lugar de disminuir.

Este no es el único resultado desalentador. La X Encuesta Anticorrupción publicada recientemente también por Proética señala que el Poder Judicial, el Congreso de la República y la Policía Nacional, son las tres instituciones más corruptas del país, de acuerdo a la percepción de los ciudadanos. El Poder Judicial es quizá el actor más importante en la lucha contra la corrupción, ya que por definición es el ente encargado de administrar justicia en todo el país, requiriendo de jueces y fiscales no solo preparados, sino además especialmente probos y honrados. Las encuestas y estudios realizados sobre la actuación del Poder Judicial y la medición del trabajo que realiza evidencian que nos encontramos en los extremos más bajos en cuanto a eficiencia, capacidad y probidad. Los casos de jueces, fiscales y personal vinculado a la carrera judicial recibiendo sobornos, coimas o emitiendo resoluciones ilegales, a vista y paciencia de todos, son una constante.

Respecto de esta situación no se ha propuesto nada. A la fecha no existe una sola propuesta de reforma estructural que nazca del interior del Poder Judicial y del Ministerio Público para revertir la situación descrita. Desde fuera de estas instancias, han surgido cerca de nueve iniciativas legislativas que se vinculan al supuesto origen del problema que sería la calificación y ratificación de jueces y fiscales; es decir, una reforma del Consejo Nacional de la Magistratura. Sin embargo, si bien ello puede ser un cambio que puede tener cierto impacto, el problema es mayor y requiere, sobre todo, de grandes “decisiones de gestión”.

Pero en este punto toca movernos hacia la segunda institución más corrupta según la encuesta: el Congreso de la República. Según la misma, 77 de 130 congresistas son percibidos como corruptos por la población; sin embargo, la reforma del Consejo Nacional de la Magistratura deberá aprobarse por esta Institución. Aquí sí existen propuestas de reforma estructural para la lucha contra esta percepción de corrupción, que van desde el retorno a la bicameralidad hasta los procesos de democracia interna de los partidos para tener mejores candidatos y, por ende, mejores congresistas; todo ello como parte de la reforma electoral que se viene trabajando.

Finalmente, en el caso de la Policía Nacional, si bien los índices han mejorado, es importante que se presenten reformas importantes sobre su estructura y su jerarquización —no solo respecto del régimen disciplinario— que respeten el debido proceso y la opción de vida que implica la carrera policial. Pero también debe existir una verdadera formación, tanto de oficiales y suboficiales. Ya es tiempo de desterrar la idea de que la inseguridad ciudadana (lo cual repercute directamente en la evaluación que hace la población sobre la Policía Nacional del Perú) se combate con más patrulleros y más policías, originando que cadetes sean enviados a las calles con unos cuantos años de formación. La realidad de los últimos años demuestra esto afecta aún más la imagen de esta importante institución.

No menos importante es el accionar de la sociedad civil en su conjunto, el quehacer ciudadano, el norte fijo para no tolerar la corrupción en cualquiera de sus modalidades y para ser capaces de originar un cambio real. No es posible que la sociedad “normalice” las prácticas corruptas. No me refiero solamente a los grandes escándalos de Odebrecht, sino también al ciudadano de a pie que le da a algunos malos funcionarios una “gaseosita”, una “propina” o un “incentivo” para que “agilice” sus trámites. El corrupto que paga millones de soles es tan corrupto como el que paga cinco soles. El tipo penal del delito de cohecho, por ejemplo, no distingue montos, por lo que a ambos casos les corresponde el mismo calificativo: corruptos.

Finalmente, es importante saber quién es quién en materia anticorrupción. Si las personas que se paran al frente a explicar estas encuestas, los índices o hasta los rankings, son de verdad personas con cualidades personales o profesionales de primer nivel como para hablar de lucha contra la corrupción, de ejemplos, de buenas prácticas. O si se trata de personas que, en búsqueda del doble rasero, aplican cualquier estrategia con tal de lograr su beneficio personal o profesional, actuando evidentemente en serio conflicto ético con la sociedad. O de “emprendedores” que han encontrado un “nicho de mercado”.

Personalmente, tengo la percepción de que somos cada vez más los peruanos que queremos un Perú libre de corrupción. El camino es largo y duro, pero seguiremos trabajando en este anhelo de tener un mejor Perú.

Úrsula Letona