Réquiem por Tarata

La víctimas del atentado terrorista aún no han sido resarcidas

Nadie puede olvidar las terribles escenas de aquel 16 de julio de 1992. Tengo la imagen fija de un padre buscando a su hijo con desesperación, personas caminando sin rumbo con el rostro ensangrentado. Tenía 16 años, y pensé que una guerra había comenzado. La insania terrorista había llegado al corazón de la capital con 400 kilos de anfo que arrasaron con todo, menos con nuestra memoria. Una memoria forjada en el dolor y el terror.

A mí, que estoy en el campo de los Derechos Humanos, me cuesta asimilar la reconciliación en los casos de terrorismo en el Perú. La reconciliación comprende tres derechos importantes: a la memoria, a la justicia y a la verdad. Implica un reconocimiento por parte de los actores políticos de sus responsabilidades directas o indirectas en el conflicto, promover el conocimiento de lo que pasó y los factores que lo causaron, y que la justicia caiga con todo su peso, haciendo posible tanto la reparación material como moral a las víctimas.

Nada de lo escrito en el anterior párrafo se cumple; es letra muerta cuando se trata de defender el derecho de las víctimas. Se carga la culpa al Estado de no haber sido capaz de darles a estos falsamente denominados “grupos armados” las oportunidades de desarrollo, de no haber implementado una política de diálogo y negociación, de tener poca capacidad de respuesta. Para los Derechos Humanos y el DIH, eventos como el de Tarata se configuran como hechos de “conflicto armado interno”, conforme al artículo 3 común a los cuatro convenios de Ginebra. Pero, ¿acaso el Estado quiso someter a grupos insurgentes? ¿Fueron Sendero Luminoso y el MRTA guerrilleros organizados y en pie de lucha? No, ellos violaron los derechos a la vida, la propiedad y la seguridad de los civiles, y con el uso de la fuerza y la tortura quisieron someter el Estado de Derecho.

Más allá de las causas políticas, sociales o religiosas, el terrorismo es violencia indiscriminada. Por ello resulta necesario anteponer la realidad de esos años a los conocimientos teóricos y doctrinales. Tomemos en cuenta lo dicho por la Comisión de la Unión Europea “la mayoría de los actos terroristas son delitos comunes que se convierten en delitos terroristas por razón de la intencionalidad del delincuente. Si la motivación es alterar gravemente o destruir los pilares y principios fundamentales del Estado, intimidando a los ciudadanos, existe un delito terrorista”. Entonces, ¿fue “guerra popular”? No, señor, aquí hubo terrorismo.

Terroristas son los que se encuentran sentados hoy en el banquillo después de 24 años de tan macabro atentado en Miraflores. Terroristas condenados a cadena perpetua, liderados por el despreciable preso N° 1509, aquel que al momento de su captura, señalando su sien dijo “así lo maten. Y si uno muere, esto queda en los demás. Y eso nunca se va a borrar”. Terroristas que purgan cadena perpetua en la cárcel, mantenidos con nuestros impuestos y que, a la fecha, no abonan ni un sol de las reparaciones al Estado ni a sus víctimas. Entonces, ¿de qué reconciliación me habla la teoría, los tratados y la CVR si estas personas no han sido resarcidas ni por los anteriormente condenados, y mucho menos lo serán por los hoy procesados?

Tarata es solo un ejercicio más de nuestro fallido y lerdo sistema judicial, que revictimiza y cuyas garantías solo parecen funcionar en favor de los derechos de los terroristas; que permite defensas que tratan de vendernos la idea de un atentado producto de un error de un destacamento paralelo. Imperdonable, humillante y despreciable argumento, tanto como lo es la tortura que somete a las víctimas a una espera de más de veinte años. Que no se hagan conmemoraciones ni ceremonias, la mejor forma de honrar su memoria es con verdadera e inmediata justicia y llamando a las cosas por su nombre. Terrorismo nunca más.