Pescando al inocente, soltando al culpable

Proteger el medio ambiente está bien. Usar la protección del medio ambiente como excusa para destruir empresas formales, afectar el trabajo del pueblo o enjuiciar gente inocente puede ser un crimen disfrazado de ley. Te cuento la historia en sencillo.

La pesca es una de las actividades más reguladas en Perú y el mundo, cuenta con sistemas de fiscalización y normas para controlarla, entre ellas normas para prevenir la pesca incidental (especies que no son el objetivo) y de tamaño no adecuado (pesca de tallas por debajo de la mínima legal); algo difícil de lograr puesto que, incluso con toda la tecnología del mundo, es difícil evitar al 100% que ocurra alguno de estos dos sucesos.

Aun así, pescar especies indebidas o de tamaño indebido, se sanciona administrativamente. Y como la regulación a veces evoluciona para mejorar la administración de la actividad y evitar sanciones y multas irracionales, desde el 2015 las empresas formales reportan en línea a la autoridad en el momento en que capturan estas pescas incidentales o de tallas menores, transparentando que en esa zona (autorizada y analizada previamente por Imarpe) existen especies de otro tipo o en tallas menores. Este sistema mejora los estándares, el control, el monitoreo y con ello la sostenibilidad del sector.

Si hablamos de sanciones penales, entramos en otra liga: estas se dan cuando sales a pescar sin permiso, con embarcaciones clonadas, con dinamita, en zonas prohibidas, o sin estándares de calidad, algo que prácticamente no ocurre en la pesca formal. Separemos las cosas claramente.

¿Cuál es el problema entonces? Hace algunos años algunas autoridades empezaron a usar la información de esos reportes de la empresa formal para abrir procesos penales incluso a los “patrones” de una nave, trabajadores que han venido siendo perseguidos bajo premisas exageradas. Mientras tanto, la pesca ilegal, bien gracias. Nadie la toca, por el contrario, viene en franco crecimiento.

Y para colmo en el 2022 un fiscal “apasionado” empezó a generar una nueva casuística: la nave que es intervenida en algún incidente, se puede considerar una herramienta en sí misma para cometer crímenes, es parte de una red criminal. Algo absolutamente inaudito. Y lo logró: en un caso marcó un precedente nefasto, le quitó la embarcación a una empresa, aplicando el ya cuestionable mecanismo de “extinción de dominio”.

A partir de ese momento, se ha iniciado una persecución inescrupulosa: un barco y sus tripulantes pueden ser una organización criminal contra el ambiente, simplemente por faltas que si bien son sancionables, no son graves y pueden ser reportadas adecuadamente.

Y como la fiscalía y las autoridades saben bien que los formales son los más fáciles de “pescar”, se están centrando en quienes pagan impuestos, dan trabajo y hacen las cosas bien. Y casi siempre con la colusión de oenegés, líderes supuestamente ambientalistas, medios de comunicación, fiscales y autoridades del Estado. En resumen, ahora también en la pesca, algunos extorsionadores disfrazados de “defensores ambientales” están pescando al inocente y soltando al culpable.

¿Hasta cuándo permitiremos más abusos del Estado contra los contribuyentes? Es tiempo de generar una formalidad que integre y atraiga, no que oprima y persiga. Es momento de deconstruir esta formalidad insufrible que habitamos y construir una nueva, fácil, simple, atractiva, desregulada, sin impuestos y barreras innecesarias, centrada en el ciudadano y no en el funcionario y su burocracia. Este es el gran reto de quienes empiecen a gobernar nuestro querido país en el 2026. Y es también el gran reto de la Asociación de Contribuyentes del Perú.