Perú, país minero

¿Cómo influye la minería en la economía peruana? La respuesta parece obvia, aunque algunos peruanos parecen ignorarla. La actividad minera es fundamental para el crecimiento económico del país. Entre el 2017 y el 2021, el aporte de la minería significó el 16% del Producto Bruto Interno (PBI) nacional. Por cada puesto de trabajo generado en este sector, se activan ocho empleos indirectos en sectores relacionados.

Las regiones en donde opera la minería se benefician con el canon minero. Según la Sociedad Nacional de Minería, este sector aportó al país, entre el 2012 y el 2021, más de S/ 41,000 millones por concepto de canon y regalías. Y más importante, ahora que la pobreza ha vuelto a crecer: debemos atender la minería que contribuye de manera directa a reducirla, con la generación de mayores divisas y de ingresos fiscales por impuestos.  

¿Qué hacer para dinamizar y atraer más inversiones a este sector clave para el crecimiento de nuestra economía? Luego del desastroso Gobierno de Pedro Castillo y sus funcionarios ineptos, corresponde devolver la confianza a los inversionistas, algo para nada sencillo. Por todo lo que contribuye la minería a nuestra economía, debería ser siempre una prioridad para el Gobierno, que debe impulsar nuevos proyectos mineros permanentemente. Por eso llama la atención que el primer ministro, Alberto Otárola, afirme que el proyecto de cobre Tía María, no figura en la agenda oficial.  

No solo las empresas mineras no son prioridad. A la desatención gubernamental se agregan las violentas protestas, con el bloqueo de vías que impiden el traslado del mineral a los puertos. No se puede mezclar la ideología con las necesidades del país en plena crisis; las autoridades no pueden permitir que los sectores antimineros atenten contra los intereses sociales de las mayorías que reclaman mayor trabajo y mayores ingresos.

Lo estamos viendo en el Corredor Vial del Sur, principal eje de la actividad minera de las regiones de Apurímac y Cusco, que se requiere siempre despejado para el transporte del mineral. Nuestras autoridades están obligadas a hacer respetar el Estado de derecho en las zonas mineras. La crisis política y la conflictividad social no pueden paralizar el desarrollo de la actividad minera que tanto necesitamos.

El Gobierno ha anunciado medidas acertadas como la Ventanilla Única Digital para acelerar y simplificar los trámites de los proyectos mineros. Ello debería ir de la mano con la mejor inversión de los recursos del canon y de las regalías mineras. Sabemos que los gobiernos regionales y locales no tienen la capacidad de administrarlos. Si la descentralización no responde, el Gobierno central debe tomar medidas para que esos recursos funcionen. El mismo presidente de Perumin, Miguel Cardozo, ha denunciado que los recursos del canon no son invertidos de manera apropiada. Lo menos que se puede decir cuando vemos las necesidades en atención primaria de salud y en educación, desatendidas en las regiones a pesar del dinero que llega del canon.

Se requiere que Gobierno y empresa trabajen conjuntamente en una agenda de largo plazo que permita identificar desafíos y oportunidades, que se garantice la mejor inversión de su aporte y se impulse una minería responsable que respete el medio ambiente. Más que nunca resulta imperativo el diálogo frente a los conflictos sociales y para la mejor administración de los recursos que da la minería, para generar progreso y bienestar de manera sostenida. Sucede en otros países mineros, por qué no en el nuestro.