Perú entre los países más inseguros

A punto de concluir la segunda década del siglo XXI, en un entorno incierto y cambiante en el ámbito económico y geopolítico, las organizaciones deben adaptarse a los cambios. Y para hacerlo exitosamente necesitan contar con un clima de negocios que les permita desarrollarse, invertir y fomentar la investigación en el desarrollo de nuevos productos o servicios, para ser más competitivos en el mercado y cada vez más eficientes y eficaces.

Sin embargo, uno de los grandes problemas que enfrentan las organizaciones en el mundo es la creciente inseguridad ciudadana, que afecta el clima de negocios, generando sobrecostos a las organizaciones en temas de seguridad a todo nivel: instalaciones, recursos materiales, recursos humanos, medios informáticos, entre otros. También influyen negativamente en la conducta de los consumidores, porque limitan la demanda de ciertos productos que son potencialmente objeto de actos delincuenciales. Veamos cómo se encuentra el Perú en cuanto a la inseguridad con respecto a otros países del mundo.

El registro de la inseguridad que sienten los peruanos ha sido analizado por la agencia norteamericana Gallup. Así, el Índice de Ley y Orden (GLO) de Gallup (2019), publicado recientemente por el diario Gestión (21.11.2019) reporta que Perú ocupa el puesto 121 dentro de un total de 142 países evaluados. De manera que se ubica dentro de los países más inseguros de todo el mundo.

Con una calificación de 64 puntos, Perú comparte el puesto 121 entre los países con el peor índice GLO con Argentina, Madagascar, Costa de Marfil y Zambia. A nivel global, Singapur lidera el índice con la mayor puntuación (72), de manera que es el más seguro del mundo; mientras que, en el otro extremo, Afganistán es el país más inseguro (38).

Los resultados de este estudio son muy lamentables para el Perú, y es imperativo revertir esta situación. Para ello debemos entender que la lucha contra la inseguridad ciudadana parte de enfrentar a la corrupción y contar con la participación activa de la población organizada como apoyo a la Policía Nacional, el fortalecimiento del Serenazgo Municipal y la inversión en tecnologías de punta para vigilar las 24 horas del día las calles.

Asimismo, se debe combatir los casos de informalidad en el servicio de vigilancia privada, y combatir los focos de informalidad y corrupción en la adquisición o provisión de armas de fuego a los delincuentes. También establecer mecanismos para contar con un Poder Judicial justo, que aplique a cabalidad las penas en los casos de actos delincuenciales, sancionando eficazmente a los delincuentes y defendiendo a los ciudadanos y efectivos de las fuerzas del orden que, en legítima defensa o cumpliendo su deber, abaten a los delincuentes.

También es fundamental respetar el Estado de derecho en nuestro país: los derechos constitucionales de propiedad privada, legítima defensa y seguridad personal. En dicho sentido, se encuentra vigente la Ley N° 30299, que regula, entre otros, la posesión y tenencia de armas por parte de los ciudadanos en nuestro país, la cual debe respetarse. 

Por ello, debemos desterrar los planteamientos que pretenden limitar o restringir el uso de armas a la población civil honesta para disminuir los actos delincuenciales. Además de inconstitucionales, estos planteamientos están completamente equivocados, dado que los delincuentes se abastecen de armas del mercado negro. Por eso tal medida solo perjudicaría a los ciudadanos honestos que desean ejercer sus derechos constitucionales, como lo son el de la propiedad privada, legítima defensa y seguridad personal. Para eso obtienen legalmente sus licencias para portar y usar armas de fuego. Solo se beneficiaría a los delincuentes, dejando desprotegidos a los ciudadanos honestos.

En tal sentido, con una estrategia adecuada para enfrentar la inseguridad ciudadana y desterrando los planteamientos equivocados –que obedecen más a posturas coyunturales de tipo político que a fundamentos técnicos y legales– podremos disminuir los índices de actos delincuenciales en nuestro país. Con ello daremos tranquilidad a la población y crearemos un clima de negocios adecuado y atractivo para los inversionistas, tanto locales como extranjeros.