Para retomar y sostener el crecimiento

En diversos artículos publicados en este portal y en entrevistas realizadas con su director señalamos que este año se concretaría en materia económica una nueva década perdida (2014-2023). Afirmamos que desde el 2014 el crecimiento potencial y el ritmo de crecimiento había descendido de manera significativa al entorno de 2.5 y 1.5%, respectivamente, con permanente tendencia a la baja que se agudizó con los gobiernos de los últimos siete años, periodo en que tuvimos seis presidentes, casi uno por año. Entonces, sorprenderse porque este año el PIB será negativo, que estamos inmersos en una recesión, es desconocer lo que sin lugar a dudas venía con mayor o menor intensidad. 

La afectación permanente a las instituciones, como el imperio de la ley, la estabilidad jurídica, el respeto a la propiedad privada y la libertad de actuar e interactuar de los agentes económicos, a la par con el incremento de la inseguridad y la corrupción, sin duda terminaría por generar alta desconfianza e incertidumbre. En ese contexto, la inversión privada nacional y extranjera progresivamente se retrae e incluso decrece, como sucede actualmente, ello a la par con la caída de la productividad que compromete el mediano-largo plazo. Es decir, los cimientos y los motores del crecimiento económico fueron permanentemente violentados, lo que inexorablemente afecta negativamente la tasa y el potencial de crecimiento de la economía.

¿Es este un fenómeno reciente? La respuesta es no. Hace más de 10 años que el manejo de la política macro y microeconómica no es la adecuada, como impresionante el exceso regulador, de control y de trabas y barreras burocráticas del sector público en sus tres niveles –nacional, regional y municipal- e ineficiente e ineficaz la gestión pública de inversiones. A ello se suman las negativas expresiones y acciones al más alto nivel de las autoridades de los gobiernos de turno respecto a la inversión privada, como la referente al proyecto Conga, Las Bambas y Tía María, o aceptar la violencia contra operaciones mineras y petroleras, o la toma de carreteras afectando sobremanera la actividad productiva en general. Es, sin decirlo, promover el desgobierno, la incertidumbre, la desconfianza e inestabilidad. 

Este contexto o escenario, lamentablemente, es caldo de cultivo para que nuevamente fluyan las críticas al sistema económico de economía social de mercado iniciado en los noventa, así como oportuno para las políticas cortoplacistas, parroquiales, discrecionales, populistas y mercantilistas, como la solución a las dificultades y única forma de evitar, según ellos, la quiebra y desaparición de muchas empresas y por ende de más desempleo y pobreza. Surgen propuestas precisando qué sectores corresponde impulsar, con ingeniosos pero engañosos argumentos, como el proyecto de nueva ley de industrias presentado recientemente en el Congreso, todas ellas plagadas de subsidios, exoneraciones de impuestos, protección a la producción nacional, fórmulas de financiamiento y créditos especiales con aval del Ejecutivo, entre otras muchas propias de los años 60, de la época cepalina, y de los setenta y ochenta donde se privilegiaba la presencia y acción asfixiante del sector público. Nada más lejos de lo que corresponde hacer y que, de implementarse, sin duda terminarán llevando al país a la situación que vivimos hace poco más de 30 años y de la cual con alto costo social se logró salir. 

Por cierto, tampoco se saldrá de esta situación con base en las medidas anunciadas por el Gobierno a través del premier y el ministro de economía. No es poniéndole a las personas de menores recursos más plata en los bolsillos vía subsidios, ni de intentar impulsar medianamente la inversión pública, que aun si fuese eficaz, lo cual dudamos, que se logrará revertir la crisis que se enfrenta. El problema es más agudo y requiere un enfoque y acción integral, que involucra al Ejecutivo y Legislativo, que permita retomar de manera sostenida la dinámica de crecimiento de la década del 2000. 

En concreto se trata de consolidar lo iniciado en los noventa, para lo cual es imperativo desmontar en unos casos y ajustar o modificar en otros lo realizado los últimos trece años, a la par con impulsar las reformas de segunda generación. Los agentes económicos no requieren que les digan dónde, cuándo y cómo invertir, ellos mejor que nadie saben hacerlo, tampoco incentivos especiales para que lo que no es viable pase artificialmente a serlo. Lo que demandan es el imperio de la ley, reglas del juego claras con estabilidad jurídica, que la Constitución se mantenga y se respete, que se eliminen las múltiples restricciones, regulaciones y barreras que les impide actuar e interactuar. Por cierto esto conlleva reducir la inseguridad y la corrupción, elementos altamente negativos que distorsionan y encarecen la actividad productiva.

Pero, además de lo señalado, es urgente no seguir postergando las reformas estructurales pendientes, indispensables para optimizar las inversiones e incrementar la productividad. La participación del Ejecutivo y el Congreso es vital en este aspecto. Concretamente corresponde realizar la reforma laboral y de pensiones, tributaria, de salud y educación, innovación, ciencia y tecnología, por mencionar las más relevantes. Estas reformas tienen efecto horizontal sobre todos los sectores económicos y benefician a todos los agentes económicos por igual. Es este escenario el que se requiere, parejo para todos, pues en este contexto saldrá efectivamente adelante aquel que logre ser realmente más competitivo. 

Conocer que esta es la ruta y que hay convicción de las autoridades de llevarlo adelante es lo que quiebra la desconfianza e incertidumbre y, como tal, abre el panorama para retomar proyectos detenidos o en cartera en múltiples sectores, como infraestructura, agroindustria, manufactura, servicios, entre otros. Es dar paso nuevamente a que la inversión privada crezca de manera dinámica y asegurar un aumento permanente de la productividad, a la par con generar empleo productivo, reducir la informalidad y la pobreza e incrementar la equidad en la distribución de oportunidades, con lo que se garantiza más y mejor bienestar para todos.