Otra vez Sendero Luminoso

La naturaleza del radicalismo antiminero en el Perú

No se engañen quienes llaman antimineros a los que se oponen a la inversión minera en el Perú. No son antimineros: son terroristas camuflados bajo la fachada de defensa del medio ambiente que fomentan y financian movilizaciones “pacíficas” para proteger, supuestamente, el medio ambiente y lo que persiguen es echarse abajo el “modelo económico” que promueve la inversión, el desarrollo nacional, que reduce la pobreza. En su delirio malsano quieren convertir al Perú en una Venezuela chavista so pretexto de defender la democracia y al pueblo.

 Los promotores de la violencia se han montado un negocio muy rentable al crear en el Perú asociaciones civiles no gubernamentales, llamadas ONG’S por la ONU, debidamente inscritas en la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI) órgano dependiente del Ministerio de Relaciones Exteriores, y reciben financiamiento del exterior so pretexto de contribuir a la democracia y a proteger el medio ambiente en el Perú. Nada más falso. Lo que han conseguido es, primero, asignarse mensualmente muy buenos sueldos, gastos de representación, asignaciones para viajes, alojamiento y financiar las llamadas “movilizaciones”. Movilizan personas de otras provincias a aquellas donde los usan como ganado y “mártires” y les pagan gastos y propinas.

Los financistas de éstas son ONG´s extranjeras y agencias gubernamentales de cooperación internacional. He aquí algunas: Agencia Española de Cooperación Internacional, Cooperación Alemana para el Desarrollo (GTZ), la danesa DANIDA, el sistema de cooperación italiano Terra Nova, el Instituto de Humanista de Cooperación al Desarrollo de Holanda (HIVOS), Fondo para la No Violencia de Norteamérica, la fundación Apletton, de Asociación Entre Pueblos, las religiosas Misereor y OXFAM, entre muchas otras.

Financian, entre otros, al Grupo de Formación e Intervención para el Desarrollo Sostenible (GRUFIDES) cuya finalidad es falsamente “construir una sociedad justa, democrática, equitativa e intercultural” (sic) que lidera el cura Marco Arana e inscrita en el Registro de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI). En 2012 GRUFIDES invirtió 795,639.53 dólares para las acciones campesinas contra los proyectos mineros Tambogrande y Conga; al año gastos en personal 312,651.62 y en consultorías 201,504.62 dólares, que sumados arrojan 514,156.24. Entre 2006 y 2014 recibió 1´536,353 euros y 912,082.00 dólares.

Para el proyecto “Fortalecimiento de la sociedad civil para la exigibilidad de los derechos económicos sociales culturales y ambientales y la gestión sostenible de los recursos naturales en Bolivia y Perú” GRUFIDES recibió 795,640 euros para ser trabajados entre el 2 de enero de 2012 al 30 de septiembre de 2014 y sumados las de gastos y viáticos (US$ 102,147.11) y el rubro “otros” (US$ 67,144.29), arroja un subtotal de US$ 683,447.64, que se repiten en 2013. Posee dos estaciones de radio desde donde difunde a nivel nacional su “obra”. Pero calla en cinco idiomas sobre la minería ilegal, no “informal”, como la califica el inepto y ausente gobierno, y que destruye bosques amazónicos, contamina el ambiente y ríos con sustancias letales para la flora, fauna y humana, la extracción, contrabando y exportación de oro, la explotación de mujeres prostituidas en esos lugares. Esa minería está financiada entre otros por el narcoterrorismo al que le reporta ingentes recursos.

Minería formal: NO. Minería informal: SÍ. ¿Contradictorio no, señor Arana?

¿Por qué los candidatos a la presidencia callan y se convierten en cómplices pasivos de la delincuencia? ¿Acaso no fugan millones de dólares por la exportación ilegal de oro? ¿Lo saben, verdad?  

¿Acaso ese financiamiento para acciones terroristas no es intervención extranjera en asuntos internos del Perú contenida en tratados internacionales? ¿Qué hace el Ministerio de Relaciones Exteriores del que depende esa cooperación? ¿Por qué no protesta y exige que cese el financiamiento?

Por Miguel Pons-Cuoto