Negligencia de alto costo

El gobierno de PPK pasa por su peor momento. No por acción principal de la oposición fujimorista o izquierdista (que hacen lo suyo, y que no es poco) sino por la omisión o reticencia casi negligente del presidente de afrontar —en alcance y oportunidad debidas— los cuestionamientos que, si bien originalmente eran planteados por la Comisión Lava Jato del Congreso, le exigía la opinión pública en torno a su relación con Odebrecht.

Las evidencias dictan que (salvo que estemos todos confundidos, que Odebrecht miente ex profesamente o que las pruebas alcanzadas sean fraguadas, o lo que sea) el presidente ha faltado a la verdad. Y por ende la pregunta que todos nos hacemos es ¿por qué? Salvo los pagos que PPK habría recibido mientras aún ejercía el cargo de ministro durante el Gobierno de Toledo (2004-2006), y que podrían acercarlo a la comisión de un delito, los obtenidos luego de ese periodo serían absolutamente legales y parte de un ejercicio habitual de su profesión.

Pero vuelve la pregunta, ¿por qué negar en varias oportunidades toda vinculación con Odebrecht para luego, tímidamente y a fuerza de la presión de diferente origen, reconocer una asesoría para el proyecto Olmos? Y luego, tras la información en apariencia contundente proporcionada ayer por la propia empresa al Congreso, ¿verse compelido a acudir a la Comisión Lava Jato?

Tanto en finanzas (rubro en el que el presidente es un experto de éxito) como en la política (área en la que el actual mandatario tiene vasta experiencia) existe algo denominado evaluación de riesgo. Esta consiste en proyectar y ponderar la probabilidad de ocurrencia de diversos escenarios, desde lo más positivos (menor riesgo) hasta los más negativos (mayor riesgo).

La vinculación de PPK con Odebrecht (sea la que finalmente se pruebe haya sido) era un escenario de riesgo, si no medio, bastante alto. Con mayor razón luego del destape del caso Lava Jato en el Perú, situación producida hace más de un año. Cualquier estratega, desde ese mismo instante, habría hecho esa evaluación y trazado soluciones ad hoc para cada escenario.

El hecho de ejercer la jefatura de Estado obligaba a PPK, con la debida diligencia del caso, a adelantarse a los hechos, buscar el momento y la forma oportuna (ni siquiera hubiera sido necesario acudir a la Comisión Lava Jato) y brindar toda la información pertinente para evitar, precisamente, lo que hoy tenemos ante nuestros ojos: un presidente que es casi obligado a precisar la información por la fuerza de las circunstancias, dejando a su paso un halo de descrédito y desconfianza; pues las evasivas de ayer suenan hoy a mentira pura y simple. Borrar esa percepción tendrá un alto costo.

¿El futuro? Difícil preverlo. Puede ocurrir cualquier cosa. La pregunta en todo caso es: ¿qué le conviene al Perú? A mi juicio, defender la democracia y la gobernabilidad. Y eso significa diálogo de todas las fuerzas políticas a iniciativa del Gobierno para asegurar la transparencia en toda la información que ayude a avanzar en la lucha anticorrupción. Pero también para asegurar la acción autónoma de las entidades constitucionalmente encargadas de esa labor: Ministerio Público, Poder Judicial, Contraloría. En suma, un pacto por la gobernabilidad, asegurando la lucha frontal contra la corrupción.

¿El reto? Que el sistema demuestre que sí puede, por sí mismo, limpiarse y purgar a corruptos y corruptores sin apartarse del Estado de derecho ni de la legalidad.