Mejor no me ayuden, compadres

En el marco de la investigación contra el ministro Juan José Santiváñez, señalado como líder de una presunta organización criminal y en la que aparece vinculado Nicanor Boluarte, el Ministerio Público allanó, entre otras propiedades, la vivienda del hermano de la presidenta. Las acusaciones a Santiváñez y a los vinculados están relacionadas con favorecimiento ilícito en la adecuación de términos de referencia dentro de la Defensoría de la Policía del Ministerio del Interior; cobros indebidos a cambio de la permanencia de generales en sus cargos; favorecimiento ilícito en beneficio de la mina El Dorado; así como encubrimiento y ocultamiento de pruebas. El allanamiento tuvo como objetivo recolectar evidencias que permitan vincularlo con los demás investigados; se trata, por tanto, de diligencias que responden al accionar regular del Ministerio Público frente a cualquier ciudadano peruano.

Tras conocerse la manifestación de la presidenta (“Esta mañana, de manera sorpresiva y por la prensa, me enteré de que por segunda vez allanaron el domicilio del doctor Nicanor Boluarte Zegarra, mi hermano. Por un hecho dizque de una organización criminal. Es claramente otro muñeco armado por algunos fiscales que impunemente fabrican carpetas fiscales sin ningún sentido jurídico, menos penal”), y como si el bienestar y futuro del país girara en torno a la defensa del hermano presidencial, el Consejo de Ministros, mediante un pronunciamiento oficial leído por su presidente Eduardo Arana, expresó su enérgico rechazo al allanamiento, calificándolo como una “vulneración al orden constitucional” que pone en riesgo la gobernabilidad y la democracia.

La pregunta surge entonces: ¿a qué se debe tanto ruido por parte del Ejecutivo si el piso parece llano? ¿Qué está en juego? ¿Cómo entender que el allanamiento a la casa del hermano de la presidenta pueda generar inestabilidad política? Al parecer, la medida golpea con fuerza a la administración del Estado y revive, en la antesala de las elecciones, la controversia en torno a la conformación y cuestionada inscripción del partido político Ciudadanos por el Perú, al cual pertenecerían algunos ministros en ejercicio.

Fieles al dicho “todos a una”, y con la intención de respaldar las palabras de la mandataria, diversos ministros acudieron a programas periodísticos para hablar de sus sectores y, de paso, cuestionar el allanamiento a la casa de Nicanor Boluarte y al estudio vinculado a Juan José Santiváñez. Uno de los primeros en pronunciarse fue el presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, quien, respaldando a la jefa de Estado, afirmó que la investigación tendría motivaciones políticas y buscaría desestabilizar al país. El titular del MEF, Raúl Pérez Reyes Espejo, consideró que la Fiscalía está montando un espectáculo al allanar dos veces a la misma persona: “¿Para qué hacer este show? ¿Lograrán algo? ¿Es parte de la investigación allanar dos veces a una persona?”.

Por su parte, el ministro del Interior, Carlos Malaver, advirtió que bajo este escenario pocas personas querrán aceptar cargos de confianza. Daniel Maurate, ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, también rechazó la medida y advirtió que en los últimos años las constantes investigaciones contra partidos políticos han generado la criminalización de la política y una crisis democrática. A su vez, el ministro de Educación calificó el operativo como una “práctica autoritaria”, enmarcándolo en lo que, según él, sería una estrategia para desestabilizar al Gobierno; mientras que la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Ana Peña Cardoza, tildó la medida del Eficop como un “uso desmedido del poder” y aseguró que el sistema de justicia se está utilizando para desestabilizar al Gobierno y distraer a la jefa del Estado.

No obstante, según la hipótesis fiscal, esta red estaría integrada por funcionarios bajo el liderazgo del ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan José Santiváñez Antúnez. La organización habría conformado “un grupo estructurado con capacidad operativa y carácter permanente para cometer delitos contra la administración pública, como colusión simple, cohecho pasivo propio e impropio y encubrimiento real agravado, con el fin de obtener beneficios económicos”. Así, la actuación colectiva en defensa del hermano —quien, al igual que Vladimir Cerrón, permanece en la clandestinidad burlando a la justicia peruana— llega demasiado tarde para seguir “escondiendo la basura debajo de la alfombra” y da mucho que pensar. Probablemente Nicanor, al ver cómo se desempolvan otras acusaciones, estará pensando: “Mejor no me ayuden, compadres”.