Los nuevos Armendáriz

En la década de 1950 Lima era, más que ahora, una ciudad racista, machista, discriminadora y con muchos prejuicios de la época. Era común ver una gran diferencia social entre barrios populares, pueblos jóvenes y urbanizaciones o sitios más pudientes.

En este contexto se dio el conocido caso del “Monstruo de Armendáriz”: Jorge Villanueva Torres, un ciudadano negro acusado de asesinar y ultrajar a un menor de edad. Esta acusación se dio a raíz del testimonio incriminatorio de un turronero y de la cercanía del lugar donde se encontró el cadáver con el lugar donde vivía el Jorge. En 1957, tras un (pre)juicio completamente sesgado, sin respetar ciertas garantías del proceso y con un juicio paralelo contra Jorge, finalmente fue condenado a pena de muerte y ejecutado el 12 de diciembre de ese año.

El proceso penal y el derecho en general, desde entonces, ha ido cambiando significativamente: ya no estamos en un modelo inquisitivo, sino acusatorio; el juez ya no puede (en teoría) tener prejuzgamientos; todos los testimonios deben ser corroborados; tenemos el derecho fundamental a la presunción de inocencia; entre otros. Al menos parecería que dicha situación de los años cincuenta ya no se puede repetir en la actualidad; pero la realidad es imponente.

Hoy, si bien tenemos principios y garantías que rigen al “Estado Constitucional”, la irrupción de las nuevas tecnologías, la debilidad mental de nuestra generación y el avance de las sensibilidades ideológicas (Haidt & Lukkianoff, 2019) han hecho que vuelvan a florecer los nuevos prejuicios, pero ya no tanto por el color de piel o el estrato social y económico, no; se ha dado una especie de transmutación hacia temas de carácter políticos e ideológicos. Baste recordar algunos ejemplos.

Simon Warr fue un profesor y académico británico que fue acusado falsamente por abuso y agresión en el 2012, durante el proceso, estuvo más de 2 años en prisión y dentro de este escribió un libro sobre su experiencia traumática de ser acusado falsamente. Posteriormente salió en libertad; sin embargo, murió poco después, en 2022. Se presume que los malestares tenían una gran relación por todo el sobrepeso emocional y físico que le causó el proceso de denuncia falsa.

Todos recordaremos a Johnny Depp y el juicio que inició a su expareja por el delito de difamación por el año 2019, tras haber escrito un artículo en el que se acusaba al actor de haber ejercido violencia doméstica. Luego de un enorme juicio paralelo y jurídico, se determinó la inocencia de Deep, aunque su reputación y carrera quedaron profundamente manchadas.

En San Marcos hemos tenido también un caso parecido: el 2022 se hizo una publicación por presunta agresión contra el estudiante David Villacorta, el cual recibió un escarmiento social enorme y fue expulsado de diversos espacios universitarios, solo conociendo el testimonio y las palabras de la “denunciante”. Posteriormente se demostró que era inocente de todo lo que se imputaba aunque, una vez más, parte de su vida había quedado manchada por esta falsa denuncia.

A nivel político esto puede verse también reflejado, ¿Era Alan García un corrupto? ¿Es Cerrón culpable de todos los cargos imputados? ¿Es, efectivamente, Fuerza Popular una organización criminal como indica cierto fiscal? En muchas ocasiones, todos los indicios pueden decir que sí o que no, pero esto se ve reforzado con nuestros prejuicios: Si soy de derechas, Alan y Fuerza Popular serán inocentes, sino, no, a pesar de que no haya una sentencia judicial firme.

A nivel micropolítico esto también está presente: basta una publicación en alguna red social contra alguien para que actúen, nuevamente, los prejuicios y condenemos anticipadamente a dicha persona, no escuchándola o teniendo empatía por ella: una red social y un “flyer” o unas fotos pueden más que la razón.

Que no se confunda el comentario presente, por supuesto que debemos denunciar los actos antiéticos de personas en la universidad, los actos de corrupción de funcionarios o políticos, o los maltratos y la violencia contra la mujer, pero esto no debería implicar un prejuzgamiento (“te creo porque eres mi amigo/a” “te creo porque soy de tal ideología” “te creo porque la otra persona no es de mi agrado”) ni un escarmiento social o una condena eterna (a menos que no creamos en la resocialización, claro está). Hoy en día, nadie está libre de ser “culpable”.

Así como el sanmarquino Carlos Enrique Melgar ejerció la defensa del “Monstruo de Armendáriz” hace más de 60 años, también debiésemos los abogados, más allá de los prejuicios o las ideologías, defender los principios y la razonabilidad de las cosas, solo así podremos menguar ciertas tragedias del proceso penal que hablaba Carnelutti, o hacer frente a este mal endémico de los juicios paralelos.