¡Ley para la agroexportación, ya!

Días atrás, en un acto absolutamente contraproducente, el Pleno del Congreso aprobó con 66 votos a favor, 42 en contra y 3 abstenciones el retorno a la Comisión de Economía del proyecto de ley “de la agroexportación inclusiva”. Semejante decisión de una mayoría de congresistas demuestra que en el Parlamento se toma con poca seriedad un proyecto de ley que permitiría la vuelta de las inversiones al campo, la generación de miles de empleos, la modernización de la agricultura familiar y, por ende, la reducción de la pobreza. 

El Pleno del Congreso pudo aprobar el proyecto de ley de la agroexportación inclusiva para que luego sea promulgada. Pero su decisión solo genera mayores incertidumbres para un sector pujante de la economía, no obstante la denominada “Ley Sagasti”, que dio un puntillazo a la anterior Ley de Promoción Agraria del 2001, que tantos éxitos dio al país.

Es cierto que los congresistas de izquierda tienen un marcado acento anti inversión; sin embargo, cuesta creer que junto a ellos han votado a favor (de que el proyecto de ley retorne a la Comisión de Economía) algunos parlamentarios que han logrado entender que el “milagro peruano” de la agroexportación se produjo cuando la inversión privada retornó al campo, luego del velascato, y se generó un mercado de la tierra. 

El detalle es que ahora, más que nunca, se hace urgente que el pleno del Congreso apruebe la “ley de agroexportación inclusiva” o “ley de agroexportación antipobreza” debido a los riesgos que genera el gobierno de Donald Trump en los Estados Unidos, que pretende imponer el 10% de aranceles a los productos peruanos. De ocurrir esto sería un golpe al sector agroexportador, que tendría mayores dificultades para la exportación de los productos agrícolas. Así, se hace necesario que se aplique la reducción de la tributación del 29,5% a 15% desde este 2025 hasta el 2035. Si el gobierno de Trump impone aranceles al Perú, la agroexportación peruana, competitiva desde todo punto de vista, encarecería sus productos en el mercado estadounidense, lo que afectaría la demanda y aumentaría los costos de producción. 

Hoy no existe ningún obstáculo, salvo las marcadas críticas de la izquierda y algunos analistas desorientados, para que el Estado proteja a sus industrias competitivas a través de incentivos a la producción. El propio Trump ha empezado una política de defensa de su industria, y el Perú no puede quedarse atrás. 

Que una mayoría de congresistas hayan devuelto el proyecto de ley de la agroexportación inclusiva no solo es una mala decisión estratégica sino también darle el carbón ideológico a la izquierda, que olvida que esta ley además permitirá conectar a la agricultura familiar con la agroexportación de clase mundial.