La unidad política en torno a la meritocracia en educación

Una política de Estado que debe mantenerse

La huelga fue concebida como un instrumento de los trabajadores para presionar a su empleador a fin de obtener reivindicaciones relacionadas con el desarrollo de su labor y su necesario reconocimiento. Así, los sindicatos pudieron mejorar las condiciones de vida de sus afiliados, manteniendo sus puestos de trabajo. Lejos de afectar al sistema capitalista, las sociedades más sanas asumieron la necesaria complementariedad de accionistas, ejecutivos y trabajadores en lo que la doctrina social cristiana denomina “comunidad empresarial”, en la cual ceden las diferencias naturales en procura del bien común.

Pero también existe la huelga política, en la que se instrumentalizan las verdaderas necesidades de los trabajadores en procura de obtener espacios de poder en la política nacional, capacidad de decisión en el manejo del Estado e incluso el dominio de recursos económicos. Ese parece la naturaleza de las huelgas de los maestros, lideradas antes en forma monopólica por el SUTEP, que ahora enfrenta la sublevación de importantes bases en manos del Conare —vinculado por los medios con personas condenadas por terrorismo—, cuyos objetivos serían, por tanto, mucho más peligrosos que los usuales.

Fue el ministro José Antonio Chang quien logró impulsar la Ley de Carrera Magisterial para ventilar, con ideas modernas, el sistema educativo peruano, revalorizando al maestro como un profesional capaz de estudiar y prepararse constantemente para escalar categorías, previa evaluación, para mejorar su calidad de vida. Lamentablemente el gobierno humalista congeló las evaluaciones y ascensos, porque volvió a apostar por la visión sindical que ya había sido política y técnicamente derrotada.

La ministra Martens está cosechando lo sembrado por Patricia Salas y Jaime Saavedra. Enfrenta en la práctica a dos organizaciones sindicales que necesitan canalizar el descontento de los profesores, radicalizando sus pedidos y tratando de destruir todo lo avanzado. En el fondo, gran parte del problema es el temor a ser desaprobado en las evaluaciones y ser separado del sistema. Precisamente ese es el punto en el cual el Estado no puede ceder, pues allí radica el principal incentivo a la capacitación y la superación personal, sin los cuales no puede existir mejora alguna en la calidad educativa.

El Tribunal Constitucional declaró infundadas, en forma reiterada, las demandas en contra de las normas que favorecen la meritocracia en el magisterio, aceptando que es constitucional limitar el derecho de huelga e incluso el derecho al trabajo por un fin superior: un servicio educativo que permita generar igualdad de oportunidades en beneficio de quienes no pueden pagar colegios particulares. El máximo intérprete de la Constitución recordó incluso que el centro y objeto del sistema educativo no era dar trabajo a los docentes ni al personal administrativo, sino favorecer la superación de los niños y jóvenes mediante una educación pública de calidad.

En ese empeño, este Gobierno debe ser apoyado por todas las fuerzas políticas serias y comprometidas de verdad con el futuro del país, a fin de que existan los espacios políticos necesarios para sancionar a los docentes que persistan en el abandono de sus aulas, y también a los Gobiernos regionales que por debilidad continúen pagando a quienes no trabajan. Solo así el principio de autoridad del Gobierno podrá prevalecer frente al afán destructor. La meritocracia en la educación es una política de Estado, no puede ser manejada con la superficialidad e inmediatez de los hechos cotidianos.

Ernesto Álvarez Miranda