La soberanía es cuestión de justicia

La defensa y protección de los derechos humanos es una convicción del Estado y la sociedad peruana. Así tenemos que desde la Constitución de 1979, el Perú ingresa a la órbita de los países humanistas, tradición que se mantiene en la Constitución de 1993 (artículo 1 de ambas constituciones). En esta línea, sostenemos firmemente que el respeto y defensa de los Derechos Humanos por parte del Estado no depende estrictamente de estar vinculados a un Tratado Internacional como la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH). 

En los últimos 50 años, el Estado peruano ha evolucionado y se ha fortalecido jurídica, institucional y socialmente, lo cual ha tenido como resultado un incremento sostenido del PBI, una notoria disminución de la pobreza, mayor cobertura educativa, mejores servicios de salud y conectividad. Asimismo, el Poder Judicial, el Ministerio Público y las instituciones del sistema de Justicia actúan con independencia funcional y autonomía institucional, de manera que todas las personas, nacionales o extranjeros, gozan del acceso a la justicia, pluralidad de instancias, debido proceso, salvaguardas judiciales, órganos de control funcional, ordenamiento jurídico garantista, el principio del juez natural, el derecho a la crítica de las resoluciones judiciales, entre otros importantes derechos. 

La justicia peruana ha demostrado eficacia, autonomía e independencia, al haber juzgado y condenado con las garantías del debido proceso a más de cuatro Presidentes de la República, varios con pena privativa de libertad efectiva, decenas de gobernadores regionales, centenares de alcaldes y servidores públicos por diversos delitos como corrupción de funcionarios, contra los Derechos Humanos, la libertad personal, contra el orden constitucional y el sistema democrático. 

¿Por qué retirarnos de la Convención Americana de Derechos Humanos? 

Es necesario recuperar en su real dimensión la soberanía jurisdiccional del Estado peruano, en la solución de conflictos cualquiera sea su naturaleza, ya que constituye un hecho incontrastable la madurez institucional y democrática de nuestro país, su capacidad de autogobierno y determinación. Prueba de ello, es que el autogolpe del expresidente Castillo no se consolidó, recuperándose rápidamente los cauces institucionales en base al cumplimiento constitucional. 

El Estado peruano no requiere ser tutelado jurisdiccionalmente por un órgano extranjero, supranacional, que no está sujeto a ningún tipo de controles funcionales y de calidad, sin posibilidades impugnatorias y de contradicción. La CADH y sus órganos derivados han devenido en un moderno colonialismo jurídico sobre los países latinoamericanos, con efectos invasivos en el sistema de justicia y que afectan el derecho a la libre determinación de los pueblos. 

La incorporación del Estado peruano a la CADH el 28 de julio de 1978, mediante su ratificación, respondió a una coyuntura histórica diferente, dónde el Perú se encontraba en un proceso de transición hacia un régimen democrático, luego de una prolongada dictadura militar, circunstancia que hoy en día ha cambiado radicalmente, contándose con un fortalecido régimen constitucional, que reconoce de manera amplia la protección de los derechos humanos en la normatividad interna del Estado peruano. 

Adicionalmente, encontramos que el sistema interamericano de Derechos Humanos se encuentra en crisis y desgaste por sesgo político, lo que ha significado una grave afectación al principio de imparcialidad. Su defensa de los derechos fundamentales se ha desvirtuado y como órgano supranacional ha sido capturado ideológicamente por ideas marxistas, habiéndose politizado, lo que ha desvirtuado su esencia de jurisdicción. 

En esta medida cabe preguntarnos: ¿Cuánto hemos ganado con nuestra afiliación a la Convención Americana de Derechos Humanos?, ¿Hemos mejorado la calidad de nuestra justicia? y ¿Son útiles a la dignidad nacional los fallos de la Corte IDH que favorecen a los terroristas, obligan al Estado al pago de reparaciones, construcción de monumentos, pedido de disculpas y otras medidas en favor de los enemigos de la democracia? La respuesta a estas tres preguntas es negativa. Sin desdeñar los posibles aportes a la dogmática y desarrollo legislativos en esta materia. 

Llama la atención que los países más desarrollados, de sólida democracia y alta economía, como es el caso de los EE.UU. y Canadá, no han suscrito la Convención Americana de Derechos Humanos, quedando el sistema interamericano como un club de países subdesarrollados y tercermundistas. 

¿Qué sucedería si el Perú denuncia la Convención Americana de Derechos Humanos? Sostenemos que no pasaría nada, por el contrario nuestros mecanismos institucionales de justicia se fortalecerían con independencia y autonomía, ejerciendo libremente la soberanía jurisdiccional del Estado. 

Asimismo, sería un paso importante para reforzar la autoestima del peruano, la cual se ha debilitado en los últimos años, como producto del trabajo de las ONGs de la agenda globalista, que pretende someter al Estado peruano a sus ideas progresistas. 

El Perú está llamado a ser el líder regional por excelencia, somos el resultado de la fusión de dos imperios, el Inca y el Español, la nueva nacionalidad multirracial, formada por emprendedores independientes, ubicada geográficamente en una posición envidiable que nos permite desarrollar una política internacional que proyectada al futuro inmediato nos puede posicionar como el líder de la región. 

El primer requisito para esto es ser independientes, autónomos y soberanos en todo lo que nos atañe, empezando por retirarnos de la convención americana de Derechos Humanos.