La irracionalidad económica en el sector energía

Dos dictámenes de ley están empantanados en la mesa directiva del Congreso, a la espera del ucase de los patrocinadores del obstruccionismo. Y en ambos casos lo que prima en la actitud de los legisladores a cargo es la irracionalidad económica.

Uno de los dictámenes está referido a medidas para promocionar las energías renovables (RER), que lleva 17 meses en compás de espera. Lo que hay de por medio es una gran oposición de los productores de gas natural (GN) y de los generadores termoeléctricos en base a GN. 

La consigna es no solo no perder una molécula ni un vatio de venta, sino de obtener ingresos extras con la carencia de oferta de electricidad de bajo costo, para rentar con los altos precios que se avecinan en el segundo semestre del 2026, según el operador del sistema; aunque soy de los que estiman que lo más probable es que se produzca un año antes. 

El otro dictamen, corresponde a la llamada “masificación del GN”, donde se plantea un subsidio cruzado a favor de los usuarios en las regiones para beneficiar con un precio del gas similar a los consumidores de Lima, para el sector residencial y las mypes.

La concentración gasífera colombiana quiere que se incluya también a los grandes consumidores, que a la fecha son clientes esquivos a las empresas distribuidoras por redes provenientes de las tierras del vallenato, hoy de luto por el fallecimiento del acordeonista Egidio Cuadrado. 

En este último caso, el despropósito viene por partida triple: 1) tienen origen en leyes observadas tanto por Pedro Castillo como por Dina Boluarte, 2) el discurso viene con la falacia que solo así se podrá masificar el GN, siendo la realidad que serán mejores ingresos para los distribuidores y mayor carga para la caja fiscal, y 3) estando en debate en el pleno, entró a “cuarto intermedio” hace cinco meses y no retorna, responsabilidad de la mesa directiva. 

En los dos casos, hay un denominador común de parte de los grupos de interés que están en contra de los dictámenes: tienen la seria duda de contar con los votos suficientes para que no se aprueben. Lo que están haciendo en coordinación con grupos de congresistas es una tarea para cambiar voluntades, de allí que siguen programando audiencias en la Comisión de Energía y Minas del Legislativo. 

Lo que más sorprende es que bancadas como las de Fuerza Popular y Alianza para el Progreso, que votaron a favor de los dictámenes, ahora no exijan que se lleve a votación. En lo que viene sucediendo el actual presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, está jugando un rol. En las RER, tranquilamente podría imponerse para que se discuta y vote, pero no lo hace y sobre la masificación, en el debate en el pleno su intervención allanó el camino para el “cuarto intermedio”. 

En el escenario descrito la pregunta es ¿quién toma la iniciativa en la junta de portavoces para que los dictámenes sean priorizados, a la vez de hacer la correlación de votos para su aprobación? De las dos bancadas nombradas no se puede esperar nada, por alguna razón inexplicable han decidido ponerse en rol pasivo, quedando en duda hasta la orientación de sus votos. 

El liderazgo de la dilación lo tiene la llamada Bancada Magisterial, de discurso político proestado, pero aquí lo hacen progrupos empresariales de interés. La gran incógnita es la posición que tomará la agrupación Podemos Perú, liderada por José Luna Gálvez, que cuenta en este momento con 13 integrantes. 

Lo que está ocurriendo es una demostración irrefutable de la existencia de partidos con posiciones no definidas en temas económicos, el cálculo beneficio-costo se hace en términos de lo que conviene a los grupos de interés, subestiman al elector, piensan que son temas muy técnicos que no entiende el ciudadano de a pie. Se equivocan, en el 2016 Alfredo Barnechea revivió a Acción Popular y se convirtió en protagonista con la exportación del GN, que explicó bastante bien. 

De tomar los casos un candidato de las elecciones del 2026 y los haga de fácil entendimiento, no solo hará cosecha para terreno propio, sino puede desacreditar legítimamente a sus contendores.