La estafa del Gasoducto del Sur

En la construcción del Gasoducto del Sur hubo coimas y cochinadas que deben ser investigadas de manera exhaustiva. El consorcio encargado de la obra (la brasileña Odebrecht, la española Enagás y la peruana Graña y Montero) sabía que actuaba mal. En este contexto, desarrolló posibilidades para controlar la inversión cuando se descubriera lo tramposo que fue con el país. 

Frente a la existencia de alguna discrepancia, que llevara la obra ante los tribunales, el consorcio estaba preparado para defenderse. Acudió al Poder Judicial para reclamarle al Estado peruano una indemnización de US$ 2,000 millones, y Enagas acudió al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) para reclamar US$ 500 millones ¡Qué tal cuajo! Y todo esto frente a la pasividad casi cómplice de Juan Domingo Pérez y Rafael Vela, los fiscales Lava Jato, todavía “héroes anticorrupción” para la mayor parte de los peruanos, enajenados por los titulares y las primeras planas de los medios de comunicación vizcarristas. 

La obra fue detenida en enero de 2017 con un avance aparente de montaje de tuberías de 10.7% y con un 62% de las tuberías compradas. Sin embargo, esta información no sería correcta. Durante la construcción del Gasoducto se habría maquillado el avance de la obras, espaciando el tendido de los tubos. Esto para aparentar mayor avance en el momento de las discrepancias, o cuando la trama fuera descubierta. Peor aún, ¿por qué, con el dinero de todos los peruanos, el Estado paga a una empresa por el cuidado de los activos que Odebrecht y sus consorciados dejaron en el Gasoducto del Sur? ¿Por qué el presidente Martín Vizcarra permite que la vigilancia y el mantenimiento de las propiedades de Odebrecht sean asumidos por el país, en una obra que no ha sido entregada y que tampoco está en curso? 

El costo de la obra, que además era financiada por todos los peruanos a través de cobros adicionales en los recibos de consumo de corriente eléctrica, fue recomendado por la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (Proinversión). Según acuerdo de directorio Nº 604 del 6 de junio de 2014, la obra no debía exceder el límite de US$ 7,800 millones. Por esto, la obra alcanzó US$ 7,780.19 millones. ¿Coincidencia? La obra —concebida en el principio por menos de US$ 1,000 millones— a los bolivianos, si se decide hacerla con ellos, les costará menos de US$ 1,800 millones (incluidas las “regalías”). ¿Por qué a los peruanos nos puede costar la misma obra cuatro veces más? Algún día los fiscales Pérez y Vela, sentados en el banquillo de los acusados, le explicarán al país por qué no incluyeron el Gasoducto del Sur en el acuerdo de colaboración suscrito entre el Estado peruano y la empresa Odebrecht. 

Por otro lado, en más de una oportunidad hemos señalado que es irresponsable embarcarse en un proyecto de esta magnitud sin asegurar antes las reservas probadas de gas peruano. El Gasoducto del Sur se sustenta en el Libro Anual de Reservas de Hidrocarburos, de la Dirección General de Hidrocarburos (DGH). Lo curioso del caso es que en 2013 se reportaron 11.18 Trillones de Pies Cúbicos (TCF) de reservas de gas, y en 2014 una caída que alcanza a 10.96 TCF. Sin embargo, en 2016 se reportó 13.46 TCF, sin exploraciones de gas en el país, y los únicos cuatro pozos explorados resultaron “secos”, sin suficiente gas. ¿En la DGH, alguien maquilló las cifras para viabilizar la construcción del Gasoducto del Sur? “Ese inventario está equivocado”, señaló Carlos del Solar, ex presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE). 

Lo cierto es que el proyecto era inviable y seguirá inviable por la falta de reservas de gas. Y no hay reservas de gas porque no hay exploraciones. Si se investiga a profundidad la trama del Gasoducto del Sur, se sabrá acerca del dinero utilizado para impulsar el proyecto. Ciertos dirigentes del sur peruano organizan manifestaciones reclamando la continuidad de la obra. ¿Serán acaso parte de una organización criminal que le vende cebo de culebra al país, apadrinados por los fiscales Lava Jato?