Índice de miseria

En toda economía es de suma relevancia hacer un seguimiento de su evolución y determinar los factores positivos y negativos que inciden en ella para, aquí lo más importante, oportunamente corregir los elementos que afectan sus resultados y profundizar los aspectos favorables. Es lo que en inglés llaman hacer el “accountability” de los gobernantes de turno; es decir, tomarle el pulso a las acciones y políticas de carácter económico que están ejecutando para precisar resultados y sugerir ajustes o modificaciones. Hay muchas formas de hacerlo, unas simples y otras más complejas. Lo recomendable es tener una metodología sencilla y efectiva, que permita determinar indicadores relevantes con base en la información disponible para facilitar su elaboración y cálculo periódico.

En ese sentido, con ocasión de la preparación de uno de mis libros, editado el 2008 y titulado “Agenda económica para el cambio. Crecer con menos pobreza e inequidad”, consideré apropiado utilizar el índice que hace aproximadamente cuarenta años elaboró el economista norteamericano Arthur Okun con el fin de precisar el desempeño económico de la economía de su país e incluso relativo a otros países. Él tomó en consideración la sumatoria de dos variables de carácter o connotación negativa, como son el desempleo (DE) y la inflación (IPC), a lo que llamó “Índice de Miseria” (IM), dado que cuanto más alto o mayor sea este índice, mayor será la miseria en un país, desde el punto de vista económico. En otras palabras, mayor será la pobreza, con lo cual el IM permitía no sólo detectar que efectivamente la miseria estaría aumentando, sino también algunas de las causas directas de este fenómeno.

El economista Okun consideró al desempleo como indicador fundamental, pues al final la miseria es consecuencia de la falta de ingresos que no permite cubrir al menos la canasta básica de alimentos y servicios, lo que a su vez es resultado de no tener empleo. Por otro lado, sumó la inflación porque afecta el poder adquisitivo de las personas y familias, y es el impuesto más regresivo que existe, pues impacta negativamente en particular en los que menos ingresos tienen. O a quienes tienen ingresos fijos, como los asalariados y jubilados. Es como si te quitaran la plata de los bolsillos sin que te des cuenta; o que si lo percibes, no puedas hacer nada para impedirlo.

El índice de Okun fue perfeccionado por los economistas de la prestigiosa empresa norteamericana Merrill Lynch, considerando otras variables del mismo corte –es decir, de carácter negativo– para determinar un ámbito más amplio de aquellas que puedan tener implicaciones directas sobre el bienestar del país en términos de mayor miseria o pobreza. En concreto, adicionaron al IM la tasa de interés activa en moneda nacional (TAMN), pues encarece el crédito para consumo, los préstamos hipotecarios y para capital de trabajo e inversión. Sumaron el resultado económico del sector público (RSP) si es negativo (restaron en caso de ser positivo) dado que el déficit conlleva menor ahorro o más deuda, que puede ser más perjudicial aún si se genera para cubrir gastos corrientes y no de capital (inversión). Finalmente agregaron el saldo de la cuenta corriente de la balanza de pagos (BCC), sumando si es déficit (restando si es superávit) porque significa que se está gastando más allá de nuestros medios, por encima de los ingresos. A este resultado le restaron una variable de connotación positiva como, es la tasa de crecimiento del producto interno bruto (PIB), la que en caso fuese negativa había también que sumarla.

En la oportunidad de escribir el libro antes mencionado consideré indispensable introducir al IM otra variable de carácter negativo, de suma relevancia en el caso peruano y de otras economías emergentes similares, como es el subempleo (SE), la cual es incluso mucho más crítica que el DE, por el alto porcentaje de trabajadores que están en esta condición; y por qué además juntas explican en cierta forma el agudo problema de la informalidad laboral, todo lo cual conduce a mayor miseria o pobreza. Como resultado quedó un índice mucho más completo, que para este artículo llamaremos Índice de Miseria Corregido (IMC). Los interesados en el detalle del cálculo, y en conocer los índices para Perú los años 1995, 2000, 2004, 2005 y la comparación con USA y Chile, los pueden encontrar en la Sección III.2 de mi libro. 

Para efectos de este artículo hemos calculado el IMC para los años 2010, 2019, 2022 y 2023; es decir, dos años pre y post pandemia. Es importante tener presente que cuanto más alto es el índice mayor la miseria o pobreza y a la inversa cuando disminuye. Para los años 2010 y 2019 el IMC fue de 66.9 y 58.5, respectivamente, con clara tendencia a la baja, a menor miseria, como igual puede comprobarse al conocer que la pobreza monetaria esos años fue 30.8 y 20.2% de la población, respectivamente. Lamentablemente la tendencia se revierte los años 2022 y 2023, al subir el IMC a 70.6 y 71.7, respectivamente; es decir, mayor miseria, lo que nuevamente puede verificarse pues la pobreza monetaria subió a 27.5% el 2022, 7.2 puntos porcentuales más que el 2019, en tan sólo tres años. Y se estima estará en el entorno del 30% al concluir el 2023, es decir, igual que hace 13 años.

A esta altura cabe una rápida y ligera mención al IM que tendrían países con políticas netamente populistas, socialistas-comunistas, con presencia asfixiante del Estado, alejadas de lo que es una economía de mercado, como es Venezuela y Argentina en Latinoamérica, donde sólo el indicador de inflación está alrededor de 400 y 140%, respectivamente. 

De todos los indicadores considerados los de mayor peso en términos absolutos son el SE y la TAMN, particularmente el primero al ser como se indicó muy alto el porcentaje de trabajadores en la condición de subempleados, tanto el subempleo abierto por razones de ingresos por debajo del mínimo, como el subempleo encubierto por menor horas trabajadas. En el Perú el desempleo no registra tasas de dos dígitos, el promedio de los cuatro años considerados es 4.7%, con lo que no por ello deja de ser un tema a considerar; empero, en el caso del subempleo el promedio para esos mismos años es de 47.5%, muy alto y que requiere para reducirlo drásticamente tanto de mejor educación para incrementar la productividad como de más inversión para generar más y mejores puestos de trabajo formales.

En cuanto a la tasa de interés, ella se torna crítica pues del universo empresarial aproximadamente el 99% son micro y pequeñas empresas, las conocidas mypes, con bajos niveles en promedio de productividad y dificultad de cubrir las tasas de interés para préstamos para capital de trabajo o para invertir, incluso muchas sin registro o récord en el sistema financiero; en este caso en promedio para los cuatro años analizados la tasa fue de 14.6%, lo que explica también, además de otros factores como el exceso de regulación y las políticas laboral y tributaria, la alta informalidad en la que están inmersas, que se calcula alcanza al 90% de ellas. Lo irónico o paradójico es que las mypes terminan acudiendo al mercado financiero paralelo informal, pagando tasas leoninas de interés. 

En cuanto a los otros indicadores, la inflación los años 2010 y 2019 estuvo ligeramente por encima del rango meta del BCR, fijado entre 1 y 3%, pero sí casi el doble los años 2022 y 2023. El saldo fiscal y de la cuenta corriente de la balanza de pagos ha presentado cifras menores para ambos, no significativas. Finalmente, en cuanto a la tasa de crecimiento del PIB, salvo el año 2010 que registró una alta tasa (8.3%) los otros años fueron menores a 3% y el estimado para el 2023 es de 0.7%, que puede incluso terminar siendo menor. 

Es penoso concluir diciendo que el Perú involuciona peligrosamente, de ir progresivamente reduciendo pobreza de manera significativa desde niveles alrededor del 55% de la población a inicio del siglo a 20% el 2019, estamos rápidamente lastimosamente retrocediendo a niveles de 30% sin signos de revertir esta tendencia negativa. En diversos artículos escritos para El Montonero, así como en entrevistas realizadas por el mismo portal, he manifestado la urgente necesidad en lo inmediato de concentrarse en elaborar y ejecutar una agenda pro inversión, que incluya todo lo indispensable para retomar los proyectos de infraestructura parados o próximos a ser ejecutados e iniciar al menos parte de la cartera disponible en diversos sectores económicos, llámese minería, agroindustria o manufactura, por mencionar algunos; a la par con una agresiva y proactiva inversión pública, que puede contar con esquemas como obras por impuestos para involucrar al sector privado, coordinada según corresponda con los gobiernos regionales o locales, para dotarlos de los servicios esenciales básicos y, donde sea pertinente, concretar las obras preventivas para atenuar los impactos que pueda ocasionar el anunciado fenómeno de El Niño. 

Simultáneamente elaborar una agenda de mediano-largo plazo centrada en aumentar de manera permanente la productividad, lo que conlleva las reformas estructurales pendientes como la del Estado, la salud, educación, innovación, ciencia y tecnología, además de la laboral y tributaria, por mencionar las más relevantes. Naturalmente todo esto debe ir acompañado de un claro propósito de fortalecer las instituciones centrales, como son el imperio de la ley, la estabilidad jurídica, el respeto a la propiedad privada, la libertad de los agentes económicos de actuar e interactuar y la transparencia, oportunidad y universalidad de la información. Al actuar en esta dirección se consolida tanto el sistema político de democracia como el sistema económico de economía social de mercado, considerados ambos en la Constitución de 1993, asegurando así una significativa reducción y eventual erradicación de la pobreza a la par con mayor equidad en la distribución de oportunidades, con lo que se logra cada vez más y mejor bienestar nacional.