Impacto social de las reformas

Las decisiones de política tienen impactos positivos o negativos sobre la ciudadanía. Por eso es conveniente analizar los periodos de expansión y el perfil de los políticos que estuvieron a cargo de la conducción del país. En 1948 fue elegido el Dr. José Luis Bustamante y Rivero, el respaldo del partido aprista fue decisivo para su elección; empero, los condicionamientos que se le impusieron al mandatario hicieron que la experiencia democrática durara tan solo tres años. 

El Gral. Manuel A. Odría asumió la presidencia entre 1948 y 1956, estabilizó el país en lo económico y aprovechó los beneficios que generó la post Segunda Guerra Mundial, con la reconstrucción de Europa y la electrificación de las ciudades norteamericanas. La demanda de metales se incrementó en el mundo y el potencial geológico atrajo exploraciones e inversiones, las cuales se concretaron en 1960 con el inicio de las operaciones de la mina Toquepala (Tacna) y la fundición de Ilo (Moquegua), así como el inicio de las negociaciones para poner en valor el yacimiento de Cuajone, el cual entró en operación en 1976. El “Ochenio”, como se conoció al gobierno de Odría, realizó una vasta obra pública y los conflictos sociales no llegaron a hacer crisis; todo lo contrario, el clientelismo dirigido desde el Gobierno le generó un respaldo popular que le otorgó gobernabilidad al país.

En 1969, el gobierno militar presidido por el Gral. Juan Velasco Alvarado impulsó la Reforma Agraria, que dividió en parcelas las unidades productivas que eran económicamente rentables. Esas parcelas, en el mediano y largo plazo, han demostrado no generar rentabilidad suficiente como para potenciar el desarrollo económico y social de los pobladores del interior del país. 

El resultado de dicha reforma fue un rotundo fracaso económico. Y no obstante haber sido concebida políticamente para neutralizar el riesgo de la toma del poder por parte de movimientos de corte marxista, estos aprovecharon una demanda ciudadana que llevaba más de cincuenta años para atraer a algún sector de la juventud.

El fracaso en términos económicos de la Reforma Agraria significó el empobrecimiento del campo, lo que condicionó que miles de personas abandonaran sus lugares de origen para dirigirse a las grandes ciudades; especialmente a la capital, Lima. Por otro lado, al generar nuevos propietarios –aunque sea en condiciones de pobreza– produjo una transformación social con relación de las condiciones semifeudales que se mantenían en las haciendas menos evolucionadas, todo ello en perjuicio de los trabajadores del campo.

El gobierno militar, ante su fracaso económico, decidió entregar el poder a la civilidad en 1980. La nueva primavera democrática duró doce años y las condiciones económicas y sociales registraron el mayor retroceso de la historia contemporánea. Cabe recordar que la inflación a fines de 1990 alcanzó 7,650%. Ni el segundo gobierno del Arq. Fernando Belaunde Terry ni el primero del Dr. Alan García Pérez quisieron llevar a cabo un profundo viraje económico que abriera las puertas del mercado a la libre iniciativa privada, al emprendimiento que emergía en los denominados conos de las ciudades. El temor a la acción subversiva coadyuvó a la indefinición de ambos gobiernos.

En 1990 fue electo el Ing. Alberto Fujimori Fujimori. Presidía un Estado quebrado, calificado como fallido, con reservas económicas negativas, una inflación descontrolada y el asedio de la subversión. Fue en este periodo que se resolvieron problemas acuciantes para la ciudadanía; eso explica el respaldo que obtuvo el partido que lo reivindicaba 16 años después, y que estuvo a punto de volver al poder con el apoyo mayoritario de la ciudadanía.

Del 2000 al 2006 tuvimos primero como presidente de transición al Dr. Valentín Paniagua (gobernó ocho meses), y en julio de 2001 asumió la presidencia Alejandro Toledo. En este periodo en el que se mantuvieron los lineamientos macroeconómicos, también se empezó a construir un sistema normativo cuyo resultado ha sido atar de manos a los agentes económicos y dejar en libertad a quienes tenían vínculos con los gobiernos de turno.

El segundo gobierno del Dr. Alan García (2006-2011), llevó al poder a un líder reconvertido por su larga estada en Europa, que se percató de que el crecimiento es lo más importante para reducir la pobreza e impulsó decididamente la inversión. El Producto Bruto Interno (PBI) peruano creció más de 7% anual y la pobreza y extrema pobreza se redujo en más de 15 puntos porcentuales para alcanzar 23% del total de la población.

Luego, Ollanta Humala arribó al poder con un discurso populista y el crecimiento del PBI al final de su mandato fue tan solo 4%. A la fecha, a poco más de un año de acabar el período gubernamental del 2016 al 2021, con dos presidentes y cierre de Congreso de por medio, con elección complementaria y cambios sucesivos de ministros, el crecimiento en enero del presente año ya es inferior a 2%.

Se argumentará que la lucha contra de la corrupción y la reforma política eran indispensables. Lo cierto es que siempre han sido necesarias; pero acaso resultaba imposible mantener al mismo tiempo el estímulo a la inversión. Ambas acciones no son contrapuestas. 

La falta de convicción en las reformas está generando un resultado poco deseable en lo económico y social, el alto índice de desempleo juvenil así lo demuestra. Esto también explica –en gran medida– el gap existente entre la aprobación del presidente Martín Vizcarra y la de sus ministros, quienes son los que finalmente ejecutan las políticas de gobierno.