Haciendo trizas la responsabilidad

Por mandato constitucional, el presidente de la República es el responsable del desarrollo económico del país. No obstante, el presidente Martín Vizcarra no cumple este mandato. El crecimiento económico del año pasado con las justas alcanzó un poco más del 2%. Ahora, la pandemia provocada por el coronavirus es la coartada perfecta para distraer la ineficiencia del Ejecutivo: en términos económicos, el año terminará igual o peor al 2019. 

Según el Ministerio de Salud (Minsa), en 2017 murieron 89 personas por efecto del dengue, de unos 68,290 casos presentados. En los primeros meses de este año se han presentado 2,556 casos con 8 defunciones. Es decir, otra muestra de la irresponsabilidad de las autoridades respecto a la salud pública. No hay campañas de fumigación periódicas, y en muchos lugares del país ni siquiera recojo de basura: la tarea abandonada por los alcaldes. En las municipalidades, las políticas de saneamiento –tratamiento de desechos sólidos y de aguas servidas– importan menos que los gastos de consumo (teléfonos, gorros, chalecos, viáticos, pintura,…). 

En educación estamos estancados. La comprensión lectora y matemáticas, por los suelos: solo un 30% de los escolares alcanza los resultados esperados. Asegurar que el país avanza en educación es cinismo total. Hace un año, el ex ministro de Educación Daniel Alfaro señaló que el 73% de los colegios en todo el país necesitaban reconstrucción total o parcial de sus edificaciones. Y la situación no ha variado. Miles de escolares estudian en módulos temporales y en construcciones precarias, sin los servicios más elementales. Irresponsabilidad e ineficiencia es la constante en los tres niveles de gobierno (Ejecutivo y gobiernos regionales y locales). 

Por su lado, los sectores progresistas introducen conceptos vinculados con la irresponsabilidad de las personas, haciendo trizas los deberes ciudadanos. En Huancayo, en octubre pasado, las autoridades municipales hallaron a 32 menores de edad en un inmueble utilizado como discoteca. Entre los hallados estaba una menor con su bebé en brazos. Unos vecinos se atrevieron –¡imagínese usted!– a señalar la falta de la menor. Por el contrario, muchos hicieron gracia del acto y defendieron el derecho de la menor a divertirse. Derecho abiertamente avalado por la progresía nacional. 

Esta progresía pretende dirigir los destinos del país relativizando los valores morales más elementales, así como las buenas costumbres, modales y normas de convivencia heredados de nuestros ancestros. Pretenden representar a los sectores populares, aunque vivan a gran distancia de ellos, de sus costumbres, sentimientos y maneras de entender la vida. Para el socialismo del siglo XXI, importa más el derecho de diversión que el cumplimiento de los deberes. Lo políticamente correcto se impone; es decir, lo falso, hipócrita y liviano es aplaudido por las mayorías desconcertadas y engañadas. Se quiere cambiar los conceptos tradicionales sobre la familia y la sociedad. 

La progresía avanza. Está organizada y tiene recursos económicos provenientes del Estado y de oenegés antiperuanas. Domina y golpea sin miramientos frente a la cobardía conservadora. Hace tiempo, las elites educadas abandonaron los espacios públicos por temor al vituperio de las masas. La indiferencia de los acomodados y los pudientes es el peor de los ejemplos. Los modelos de conducta para niños y jóvenes son las estrellitas de la tele: narcisistas, megalómanos y egocéntricos, afanados en popularidades gaseosas y sin pesos específicos. 

En este escenario, los políticos de medio pelo avanzan. La izquierda peruana y el marxismo organizan gremios y colectivos, lideran la opinión pública y las demandas populares. Los medios de comunicación les entregaron en bandeja sus espacios. De no creer: han logrado infiltrar a las iglesias más conservadoras. La abominación, la ramera de Babilonia y la apostasía hasta en el cogollo del cristianismo.