Entre la minería ilegal y Machu Picchu

A la noticia reciente del caos en Machu Picchu (donde existe un mercantilismo de dueños de servicios gastronómicos que desafía al Estado de derecho), con la posibilidad se le dé de baja como “maravilla del mundo”, se le agrega que la minería ilegal ya había tomado una parte del Santuario. Lo que usted lee no es una mentira o una exageración, estimado lector. 

Hace aproximadamente diez meses un minero ilegal (no metálico) fue condenado a ocho años de prisión por el Poder Judicial de Cusco por invadir el Santuario de Machu Picchu, no obstante que no existe ninguna concesión en toda la zona. Sucede que, sin embargo, la minería ilegal no necesita de concesiones o de permisos de ningún tipo para invadir o desarrollar las labores. 

Lo que ahora sucede en Machu Picchu, que ha dejado varados a miles de turistas y ensombra la reputación del Perú como un sólido destino turístico, es en el fondo la falta de un Estado que garantice el orden, la seguridad y sobre todo el respeto de las leyes y normas.

Si la minería ilegal ha pretendido invadir el Santuario de Machu Picchu, ¿cómo no puede hacerlo en las alturas de Cusco, en Colquemarca, en Pamputa o en Pataz, para poner varios ejemplos donde el Estado apenas funciona y si existe colabora abiertamente? 

Los contratactualistas, en términos de doctrina constitucional, dirían que hay un contrato social roto, quebrado, con un Estado que camina por un lado y los ciudadanos por una vereda informal e ilegal. En realidad, al margen de que uno comulgue o no con las tesis contractualistas, lo que sí sucede es que estamos ante un Estado que falla y fallará. 

Si bien todo lo anterior parece un “lugar común”, el problema es que ese “lugar común”, a pesar de decirse tanto, no parece que vaya a solucionarse con este gobierno ni con el que venga. Este país parece gobernado por la inmediatez.

En ese problema del Estado quebrado y roto, también emergen los gobiernos regionales, como el del Cusco, que utiliza los temas turísticos para aglutinar fuerzas propias y como mera herramienta populista. Miren este dato: de los más de 8,000 operadores turísticos, casi el 80% son informales sin cumplir estándares laborales o protección para los turistas.

Como en la minería ilegal, a la que el propio Estado –a través de los gobiernos regionales–, otorgaba permisos y no fiscalizaba, en el turismo sucede lo mismo; como en el transporte, la pesca, etc. Ilegalidad, informalidad, Estado quebrado, casi roto, un país en veremos y las elecciones para el próximo año. Pero aún así algo funciona en el país. Ese “algo” es harina de otro costal.