Empedrado de buenas intenciones

Cuando Julio Demartini, ministro de Desarrollo e Inclusión, afirma que su sector aplica un enfoque multidimensional en la lucha contra la pobreza suena cautivador para la opinión pública: la mirada monetaria ha sido superada por el enfoque en la educación, salud, vivienda, etc. No obstante, la pregunta que surge es ¿será posible la aplicación de esta teoría cuando las instituciones educativas están siendo extorsionadas, cuando un centro de salud debe pagar a una economía criminal una cuota para garantizar su operatividad, o peor inclusive, cuando un humilde poblador tiene que abonar un cupo para ejercer su derecho a la vivienda.

Quizás Demartini tenga razón, pero en un país donde la delincuencia se enseñorea y atemoriza a sus pobladores, empleando niveles de violencia nunca vistos, difícilmente logrará alcanzar sus metas. El ejecutivo tiene que establecer prioridades. Los bodegueros y los microbuseros están siendo extorsionados, o reciben el impacto de alguna granada de cuyo origen nadie da cuenta, si fue sustraída de algún arsenal de las Fuerzas Armadas o tienen procedencia extranjera. En el caso de los transportistas, sus unidades han sido incendiadas o abaleadas. Los mercados padecen una similar ola criminal. Todos estos sectores demandan seguridad para seguir trabajando y han señalado en más de una oportunidad que primero es la vida, por eso paralizan sus actividades y no necesariamente porque tengan una motivación política. Lamentablemente los sectores tradicionales de izquierda buscan aprovechar cualquier escenario de descontento para recuperar su perdida notoriedad.

Mayor responsabilidad que al titular del Midis le corresponde a la presidente Boluarte y al Ejecutivo en pleno. Si los sectores económicos antes mencionados dejan de trabajar carecerán de ingresos para subsistir y el porcentaje de pobres y pobres extremos se acrecentará. Por lo tanto, una parte de la gestión del Midis tiene que contemplar la reflexión sobre qué hacer frente a la inseguridad ciudadana. Nadie quiere que se incremente la pobreza, inclusive, mejor sería que no haya personas en situación de vulnerabilidad; pero, lo cierto es que, con los altos niveles de inseguridad que enfrenta la población difícilmente el Midis logrará alcanzar sus objetivos.

Cuando el terrorismo azolaba el Perú, la clase política se unió con el objetivo de derrotar la subversión, demandó unidad de la población y colaboración con sus fuerzas del orden, quienes actuaron con firmeza y triunfaron. Se implementaron medidas extraordinarias gracias a que se contó con liderazgo desde la cúspide del poder. Luego de la derrota de la subversión, las inversiones llegaron al país y la pobreza cayó drásticamente. 

Por eso es positivo que el presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo Vela –titular de uno de los poderes del Estado– demande la aprobación de una ley que permita respaldar a la Policía Nacional cuando sus integrantes se enfrenten a delincuentes armados. Recientemente, las cámaras de televisión transmitieron imágenes en las que se apreciaba a un criminal blandiendo una enorme arma blanca en contra de un efectivo policial, quien luego de intentar persuadirlo innumerables veces hizo uso reglamentario de su arma de fuego. Esa actitud delincuencial frente a la autoridad policial habría merecido la aniquilación del sujeto en cualquier otro país. Pero acá, la clase política no respalda al ciudadano uniformado que -inclusive- les brinda una protección que no reciben los peruanos más vulnerables. 

La mejor política multidimensional es la seguridad ciudadana, seguida de la promoción de las inversiones para generar empleo digno y bien remunerado. Lo demás es un camino empedrado de buenas intenciones.