El terrorismo nuevamente amenaza al Perú

El clima de violencia social que vive el país –promovido y azuzado por diversos líderes de la izquierda radical peruana y latinoamericana–,ha concentrado su accionar político en llevarnos hacia una Asamblea Constituyente y convocar en el corto plazo a nuevas elecciones generales. Estas medidas, buscan cambiar todo el marco legal del crecimiento económico y la empleabilidad en el Perú, así como obligarnos a elegir en tres o cuatro meses a un presidente de corte radical, como Maduro, Chávez o Morales. Esta guerra populista y mediática, acompañada de una alta carga de violencia y del concertado apoyo de algunos países, le va costando a todos los peruanos la suma de S/ 300 millones en pérdidas materiales según el MEF, sin contar los muertos y heridos.

Sorprende sin embargo, cómo la pandemia ha borrado la memoria de algunos peruanos, que olvidaron las consecuencias del estatismo velasquista de los setenta; de las colas, el acaparamiento y la hiperinflación de los ochenta; así como de la insana violencia terrorista que se infiltró en las universidades y manipuló al campesinado. Hemos olvidado, irresponsablemente, que hace apenas dos años esos mismos grupos radicales de izquierda, con sus marchas, muertos y heridos, forzaron la salida de un presidente legítimo y constitucional, como fue el caso del ex presidente Merino de Lama. Todo ello, frente a una generación de jóvenes que no conoció la insania terrorista de sendero.

Hoy, como en los noventa, enfrentamos al encubierto maoísmo de Sendero Luminoso, que con movilizaciones violentas buscan manipular y tomar la vida de personas inocentes para atacar al Estado y desvirtuar la legitimidad de los gobiernos de turno. Los líderes de izquierda siguiendo un guión bien elaborado, usan como herramienta legal –para atemorizar y reducir el accionar de los gobernantes–, las denuncias por delitos de lesa humanidad. ¿Qué herramienta tiene el estado peruano y sus sistema de justicia para hacerle frente a este minúsculo grupo de violentos, que pretende imponernos su agenda política y desconocer nuestra democracia, su ordenamiento constitucional y amenazar a nuestros gobernantes?

El fracaso de la toma de lima, símil de la movilización de sendero del campo a la ciudad en los 90, ha dejado al descubierto todo el andamiaje internacional detrás de las violentas marchas. La izquierda se dio cuenta tarde que la victoria pírrica de Pedro Castillo en el 2021, destruyó la sostenibilidad de su proyecto político a largo plazo. De esta forma, sin mayoría parlamentaria para ir a una constituyente; con un líder político limitado y sin un equipo técnico que genere confianza y garantice la sostenibilidad de la política económica y la reforma del estado, la izquierda con cinco gabinetes, sin rumbo y en medio de investigaciones por corrupción, intentó a través de Pedro Castillo resolver sus carencias mediante un golpe de estado, pretendiendo instaurar un régimen dictatorial. No obstante, la izquierda desestimó la neutralidad de nuestras Fuerzas Armadas y Policiales, las cuales, junto al Congreso de la República, defendieron la democracia y le retornaron al país la estabilidad política que requería.

El país necesita una presidenta, que siendo respetuosa de las garantías constitucionales y del estado de derecho, gobierne con firmeza y autoridad. Que genere espacios de diálogo y concertación política y que no caiga en el juego de la provocación política, como provocar su renuncia. 

Finalmente cabe preguntarle al Congreso ¿cuál es la hoja de ruta trazada por los actores políticos para concluir con el proceso de elecciones generales del 2024, si los grupos de izquierda no quiere elecciones a un año? ¿Cuál será la agenda política y económica priorizada para resolver las demandas sociales de las comunidades del sur del país? ¿Que vendrá después de la estoica resistencia de nuestra policía nacional, verdadera sacrificada en esta insana lucha?