El derecho a la violencia reactiva o preventiva

Jair Bolsonaro, flamante presidente de Brasil, ha reiterado —ya en funciones— lo ofrecido en campaña: la prioridad del bienestar y la salud de los ciudadanos honestos y de los policías llamados a defenderlos, sobre el bienestar y la salud de los delincuentes. Esta prioridad que he reclamado antes en varios artículos y entrevistas es la esencia misma por la cual existe un Estado: proteger la vida, el cuerpo, la salud y el patrimonio de sus ciudadanos, tanto de agresores externos (ya sean países, como antaño, u otro tipo de fuerzas invasoras, como en nuestros días) como de agresores que desde dentro de las fronteras ponen en riesgo la vida tranquila de los contribuyentes (personas naturales o jurídicas proveedoras de los fondos con que el Estado funciona), ciudadanos y residentes legales de un país.

Desde mis años escolares vengo escuchando la cháchara socialista de la culpa social y la necesidad de proteger al delincuente, al punto de haber encontrado a lo largo de mi vida profesional fiscales y jueces (obviamente socialistas) que perseguían y persiguen con más ahínco al ciudadano que evitando ser víctima reacciona legítimamente, que al delincuente agresor. He visto incluso policías dudar acerca de las prioridad de su función, víctimas de tan nocivo concepto que ha venido primando tras el copamiento académico.

Desde que empezaron a difundirse la teoría de la culpa social difusa y la necesidad de proteger al delincuente, el crimen se ha incrementado cuantitativa y cualitativamente. Ciudades y lugares antes seguros han dejado de serlo, el número de delitos se incrementa y el salvajismo de estos viene creciendo con la complicidad de ciertos políticos. En el caso peruano, esos políticos incluso han llegado a estar a cargo de la cartera de Interior o Justicia, facilitando el ejercicio del oficio delincuencial, además de proveerlo de soporte ideológico-filosófico.

Le haría bien a quienes, desde su cómodo balcón, insisten en la deliberada e ideológicamente distorsionada extensión del concepto de violencia a la mal llamada ¨violencia estructural¨, conocer en carne propia lo que implica tener que defenderse de una agresión física. O encontrarse, sin provocarlo, frente al extremo equivocado de un arma.

Un caso patente de esta irracional creencia se presenta cuando fiscales y jueces encarcelan y procesan a una persona que, en evidente ejercicio de la legítima defensa, se ver forzada a usar la fuerza letal, recurriendo incidentalmente al uso de un arma de fuego de un tercero, o de una cuyo uso autorizado sea distinto al de defensa. Dado que la academia parece haber sido tomada unilateralmente por los seguidores de la doctrina que hoy critico, cuyos desastrosos resultados saltan a la vista (al punto de ser imposible hasta de ser cubiertos con el maquillaje estadístico por encargo), corresponde al Congreso de la República retomar las riendas hoy perdidas y corregir legislativamente tal práctica.

Socialistas y fascistas (primos hermanos en el estatismo autoritario) suelen usar frases vacías que suenan bonito como ¨monopolio estatal de la violencia¨ . Es necesario tener claro que en un Estado de derecho, este debe tener el monopolio de la violencia punitiva (violencia como castigo); pero asiste al ciudadano el uso de la violencia reactiva o preventiva, para evitar o prevenir la continuación de una acción delictiva que lo ponga en riesgo a él, a su familia o al patrimonio honestamente adquirido. Toca al Congreso dejarlo en claro.