El cuentazo de la “licencia social”

La izquierda antiminera, huérfana de argumentos razonables, objeta el proyecto Tía María, según ellos, por la falta de “licencia social”. Pero, ¿qué es la “licencia social”? ¿Es un proceso eleccionario? ¿Una encuesta? ¿Una decisión a mano alzada? ¿Una imposición arbitraria de quien manda en las calles? ¿Un capricho de la izquierda anticapitalista que maneja a las ONG vinculadas con intereses antiperuanos? 

Para nosotros, un proyecto obtiene la “licencia social” cuando su Estudio de Impacto Ambiental (EIA) es aprobado públicamente. Es lo más democrático. Es la única oportunidad legal para reunir a todos los sectores sociales involucrados con el proyecto en ciernes. El EIA se aprueba en una audiencia pública convocada para tal fin. Al evento asisten las autoridades nacionales relacionadas con el sector productivo, las autoridades locales, presidentes de las comunidades de las zonas de influencia de la actividad en curso, representantes de todos los gremios sociales y pobladores. Previamente, el EIA es revisado minuciosamente por las autoridades correspondientes para verificar que el proyecto se desarrollará conforme a las normas establecidas. Las observaciones que surgen son subsanadas por la empresa a cargo del proyecto. 

Antes de la audiencia pública (y hasta después), las empresas realizan talleres informativos en las comunidades para ilustrar a los pobladores acerca del proyecto. Asimismo, el proyecto es presentado en los foros locales y nacionales para crear consensos favorables. Las observaciones por parte de las instituciones pertinentes y pobladores son analizadas e integradas (las que correspondan) al EIA como aporte de las instituciones y pobladores. Con el EIA aprobado, el Estado debe otorgar automáticamente las correspondientes licencias. Es por ley. 

El EIA en Las Bambas (Apurímac) tuvo una particularidad tremenda: fue aprobado por unanimidad por ¡6,500 personas! en una audiencia pública, en el distrito de Challhuahuacho, en mayo de 2010. La presentación del entonces gerente general del proyecto, Valentín Choquenaira, fue recibida con una ovación de pie por todos los asistentes. Con esto, la población otorgó a Las Bambas  la “licencia social” al proyecto en medio de aplausos, algo que la izquierda antiminera oculta. En este contexto, para facilitar la aprobación del EIA es vital hablar el lenguaje de los pueblos, crear escenarios entendibles y descartar los ambientes de duda.  

Hoy, la izquierda antiperuana boicotea los talleres de participación ciudadana y las audiencias públicas relacionadas con el EIA. Por ejemplo, en la comunidad de Huancarqui (Arequipa), en mayo pasado, un pequeño grupo de exaltados interrumpió prepotentemente un taller informativo organizado por la minera Zafranal. Autodenominados frentes de defensa, inventados para la ocasión, exigieron la cancelación del evento. La izquierda tiene miedo de que los pobladores conozcan la verdad en los talleres informativos, que pregunten y queden satisfechos.

Tía María tiene el EIA aprobado en 2015. Quienes exigen “licencia social” antes de iniciar la construcción de la mina se han opuesto a establecer una mesa de diálogo, incluso con la participación del primer ministro Salvador del Solar. ¿Una “licencia social” no es, además, consecuencia del debate de planteamientos diversos, de análisis técnicos y sociales, de negociaciones y consensos? ¿Acaso no son resultado del tira y afloja para beneficiar en mayor medida a todas las partes involucradas?   

¿Con qué cara los marxistas hablan de “licencia social” si se corren del debate técnico, de los conceptos científicos y de las argumentaciones racionales? ¿Con qué cara plantean artificios obstruccionistas después de asustar a los pobladores, obligándolos a participar de sus manifestaciones violentas?

Por el carácter intransigente y por la falta de argumentaciones, la izquierda rehúye al diálogo. Mire usted cómo se comporta el gobernador regional de Arequipa, Elmer Cáceres: insulta y amenaza al presidente Martín Vizcarra. Cáceres es parte del plan de hostilización que los antimineros  se han propuesto establecer en la provincia de Islay. En el paro del pasado 20 de junio, organizado por la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), un grupo de motociclistas amenazó a los comerciantes, obligándolos a cerrar las puertas de sus negocios. Aún así, el paro fue un fracaso.

La izquierda rehúye el debate porque sus relatos falsos respecto a la contaminación han sido desechados ampliamente. Por esto, inventaron el cuentazo de la “licencia social”, y en esta trampa cayeron las autoridades, analistas, periodistas,… y un montón de ingenuos y tontos útiles.