Democracia disfuncional

Cuando el sistema político promueve la atomización de la clase política por medio de un sin número de partidos políticos, lo que se está poniendo en práctica es el viejo adagio de “divide y vencerás”. A quienes controlan el aparato estatal no les interesa que surjan organizaciones políticas sólidas de dimensión nacional que puedan elaborar una propuesta motivadora para el conjunto de la sociedad porque les significaría un riesgo para sus negocios habituales.

No obstante, parece que el grupo en el poder no se percata de que su desinterés o inacción para conducir la sociedad está poniendo en riesgo el ordenamiento que establecieron. Todas las investigaciones arrojan que más de 70% de la economía nacional se lleva a cabo en la informalidad. Este porcentaje desarrolla sus actividades al margen de las normas establecidas y su funcionamiento responde a sus propias reglas, más allá de si son las adecuadas o no.

Si el sistema democrático no les facilita su cotidianeidad, la pregunta que se formulan es: ¿para qué me sirve? Y si la democracia para este segmento tan importante de la sociedad no representa nada significativo, en consecuencia, el hecho que en las elecciones generales y en las regionales y municipales del 2026 emerjan a la política personajes que vean al país única y exclusivamente en función a sus intereses personales hay solo un paso.

El impacto de las actividades económicas que operan al margen de las normas –como la minería ilegal, el narcotráfico, la tala ilegal, etc.–, más allá de su capacidad económica, es el potencial que tienen de influir en temas de carácter político, de impacto nacional, que inclusive podría resultar perjudicial al conjunto de la sociedad. Si las economías ilegales cuentan con representación parlamentaria es gracias a los resquicios de la democracia formal burguesa como suele afirmar el marxismo.

Empero, lo más perjudicial no es que el 70% de la sociedad haya diseñado sus propios mecanismos de subsistencia que, siendo ilegales, no desean integrarse a las filas de la criminalidad, pero sí compartiendo con ellas, tolerándolas, a pesar del riesgo que éstas representan por el quiebre de conductas adecuadas o éticas en términos valorativos. La minería ilegal y el narcotráfico son actividades criminales que están asociadas a la trata de personas, al sometimiento de éstas por medios violentos, al abuso de menores, a la compra de conciencias y al quiebre de instituciones del aparato formal del estado por medio de la corrupción.

Si la estructura del Estado se inhibe de actuar frente a la criminalidad, este espacio termina siendo ocupado por las bandas delictivas que impondrán su orden de manera extorsiva en un primer momento y finalmente recurriendo a la violencia como ya ha ocurrido en la capital con el asesinato de alguna meretriz que no cumplió con la cuota establecida por el “nuevo orden”.

El asesinato de 14 personas en Caravelí, en la región Arequipa, el año pasado responde al enfrentamiento de dos bandas que se disputaban el control de la explotación de oro en un yacimiento no autorizado por los organismos del estado nacional. La ocupación ilegal de socavones pertenecientes a la mina Poderosa en Pataz, región La Libertad es más de lo mismo. Que no nos sorprenda que un gran sector de la juventud pretenda irse del país, tampoco que cada día más surjan más estudiosos reflexionando sobre la inviabilidad del proyecto nación llamado Perú.