De la Declaración de Córdoba a la de Lima

Algo cambió en el camino de nuestra educación superior. Una educación que se quedó en el pasado, con sus añoranzas e ideales, con sus recuerdos y cargas ideológicas, cerrada y elitista, marcadamente teórica antes que pragmática, no sirve más a nuestros estudiantes de hoy. Una reforma del siglo XX no puede ser la reforma para el siglo XXI, y en Lima se pudo. Con retraso, pero se pudo.

La reforma de Córdoba del año 1918 y su Declaración, que constituyó el planteamiento político de la educación superior de la región —reafirmada en las Declaraciones de la Habana de 1996, de Cartagena de 2008 y de Córdoba de 2018, esta última surgida de la III Conferencia Regional de Educación Superior de América Latina y el Caribe— no es más el planteamiento político de la región. Al menos no íntegramente.

Los recientes 13, 14 y el 15 de marzo se realizó en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos el IX Encuentro de Redes de Educación Superior y Consejos de Rectores de América Latina y el Caribe, organizado por el Instituto Internacional de la UNESCO para la Educación Superior en América Latina y el Caribe (IESALC UNESCO), que reunió a 186 representantes de más de cien instituciones públicas y privadas de la región, todas vinculadas con la educación superior.

Considerando ocho lineamientos temáticos, incluido el 7, referido “A los cien años de la Reforma de Córdoba. Hacia un nuevo manifiesto de la educación superior latinoamericana”, que es el que albergó el planteamiento político de la educación superior para la región, el reciente IX Encuentro en Lima tuvo como objetivo “adoptar y poner en marcha el Plan de Acción CRES 2018-2028”, derivado de la Declaración de Córdoba de 2018. Es decir, se delegó a los representantes de las redes y consejos universitarios convocados en San Marcos la atribución de tomar como propia la Declaración de Córdoba de 2018 con el propósito de darle —en mi opinión— legitimidad regional.

¿ Y qué fue lo que se declaró en Córdoba 2018? En la parte política y con alta carga ideológica, se declaró que los estados de América Latina y el Caribe deben prohibir las instituciones de educación superior societarias; vale decir, que se deben expulsar de los sistemas educativos de la región a todas las universidades e institutos superiores que utilizan modelos de gestión societarios.

Con tan retrógrada propuesta se abordó en la Decana de América el mencionado Lineamiento 7, que contó con la participación de diversas instituciones de educación superior de la región, incluyendo la red peruana de universidades privadas que se encargó de sustentar —en el marco de un acalorado pero respetuoso debate— con cifras y argumentos el importante rol que tienen las instituciones educativas privadas en el sistema educativo peruano. No solo por su mayoritaria presencia en la matrícula universitaria y tecnológica, que ha incrementado sustancialmente el acceso de nuestros jóvenes a la educación terciaria, sino también por su rápida incorporación a los sistemas de licenciamiento y de acreditación de la calidad educativa implementados por el Estado peruano dentro del proceso de reforma educativa. Un proceso que las ha posicionado, no obstante su corta existencia, en los mejores puestos de los rankings de educación superior nacionales.

La tradicional y bella Casona de San Marcos ha sido testigo de los intensos debates producidos en la mesa de trabajo que abordó el Lineamiento 7 y del resultado de ellos, que se consignaron por la relatoría y se registraron en video, porque no se alcanzó consenso y, por tanto, no se confirmó la retrógrada propuesta de Córdoba. Pero San Marcos no ha sido testigo solo de ello, también ha presenciado la incorporación de las redes de instituciones educativas privadas “que estaban históricamente fuera de la discusión” a los eventos y debates regionales, como se afirmó en el acto de clausura del IX Encuentro de Lima.

Es en este sentido que podemos sostener que la Declaración de Lima le ha dado un giro sustancial a las declaraciones de La Habana, Cartagena y Córdoba. Y es en este sentido que podemos afirmar que, con la Declaración de Lima, la educación superior de América Latina y el Caribe, consciente de su rol y mirando hacia el futuro, se ha distanciado de la reforma universitaria de Córdoba de 1918, que marcó el camino de nuestras universidades en el siglo pasado. Ya era hora.