Cubanos: ¿solo por el Covid-19?

Cuando los hospitales del Ministerio de Salud han colapsado en la mayor parte del país, cuando el personal médico –que constituye la primera línea de defensa frente a la pandemia del Covid-19– demanda equipos de protección personal adecuados, cuando los pacientes requieren de balones de oxígeno, la ciudadanía se pregunta por qué se puede destinar más de $ 2,000 mensuales a cada uno de los miembros del personal cubano que dice venir a apoyar en la lucha contra el virus. Médicos que decidieron no ir donde hay déficit de personal de salud, y que han sido destinados a regiones donde el impacto del coronavirus es menor, como en el sur del país.

Toda ayuda en estas circunstancias es bienvenida, pero lo que sucede con los miembros de la sanidad cubana es que vienen como consecuencia de un acuerdo entre los gobiernos de Cuba y del Perú. Sucede que los visitantes son más onerosos que cualquier profesional de nuestro sistema público de salud. Si como se argumenta, son expertos en hacer frente al coronavirus, deberían brindar sus servicios en las zonas donde la pandemia está ocasionando más pérdida de vidas humanas. En el mejor de los casos, se podrá señalar que el acuerdo fue muy mal negociado, lo que fortalece las voces de quienes manifiestan que su principal función no es precisamente colaborar con la salud, sino hacer activismo político. Si no se puede anular el acuerdo, lo razonable será cambiar el destino actual de los visitantes cubanos.

Tengamos presente que cualquier institución –pública o privada– que requiere contratar personal establece previamente dónde es que lo requiere. La institución define libremente las competencias y responsabilidades que deben cumplirse, así como las zonas donde deben realizarse las acciones a ser encomendadas.

Es conveniente estar alertas, porque en el mundo han existido muchas misiones con carácter humanitario, que al cabo de algunos años termina por descubrirse que su objetivo real fue otro: intervenir en las decisiones de carácter político que le competen estrictamente a los ciudadanos de un país. Más aún si el bloque ideológico conformado por Cuba y Venezuela ha empleado en el pasado reciente las denominadas Casas del Alba (Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América) y terminaron por convertirse en asesores/decisores de los gobiernos de Venezuela con Hugo Chávez/Nicolás Maduro, Bolivia con Evo Morales, Nicaragua con Daniel Ortega y Brasil con Ignacio Lula Da Silva; además de la veleidosa Argentina peronista. 

En cada uno de los casos mencionados, líderes de movimientos nacionalistas, anticapitalistas, ecologistas, antiextractivistas, etc., arribaron al poder empleando el sistema democrático imperante en sus países. Luego, recurrieron al manido requisito de “en atención a la demanda popular”, y cambiaron sus respectivas constituciones para volver a presentarse a un nuevo período de gobierno. La historia es conocida. Y sus proceso electorales, cuestionados por organismos internacionales independientes y la prensa local o extranjera, demuestran la serie de irregularidades que cometen con la intención de perpetuarse en el poder.

La reputación de las personas y los países se consolida en el tiempo, para bien o para mal. Ojalá se cumpla la primera opción y terminemos por desechar las sospechas.