Contradicciones peruanas

Una reciente encuesta indica que el 57% de peruanos, principalmente los jóvenes, quieren irse del país porque no encuentran oportunidades de mejora y están cansados de ser parte de los “ninis” (jóvenes que no estudian ni trabajan). Por supuesto, también se quieren ir quienes culminaron sus estudios técnicos y universitarios. Su malestar expresa que desean trabajar, labrarse un futuro, ya sea para seguir formándose o para profesionalizarse. El futuro de estos jóvenes está en riesgo por las malas decisiones de la clase política en el Perú.

Existe un sector de la clase política que dice representar y defender los derechos de los trabajadores; sin embargo, lo hace con tanto ahínco que termina por privarlos de esta condición para convertirlos en desempleados. Otros atacan a las fuerzas del orden que combaten la criminalidad, argumentando que violan los derechos humanos, como si los delincuentes tuviesen en cuenta lo consignado en la constitución y por los organismos internacionales. Al final, el pequeño o mediano empresario se ve obligado a cerrar el centro de trabajo que con gran esfuerzo estableció. 

Casi US$ 23,000 millones de los sectores medios salieron del país durante el gobierno de Perú Libre, partido fundado por el prófugo Vladimir Cerrón, en sus dos fases: la del “profesor”, el golpista y falso agricultor Pedro Castillo Terrones; y la de Dina Boluarte. Los grandes inversionistas no se fueron porque no pueden desmontar una planta industrial una vez que está instalada. Además, ellos cuentan con mejores herramientas legales y contactos para hacer valer sus derechos.

En el Perú los “defensores del ambiente” sufren de un extraño mal: tienen dos ojos sanos; sin embargo, sólo perciben la realidad desde su ojo izquierdo. Hacen activismo en contra del desarrollo de grandes proyectos (hídricos, mineros formales, plantas industriales, etc., etc.) y, en simultáneo, guardan silencio cómplice frente al vertimiento de mercurio y otros agentes contaminantes en los cauces de los ríos y demás fuentes de agua por parte de mineros ilegales que, además de ser informales, tampoco desean formalizarse, prefieren actuar bajo el manto de la criminalidad. ¿Cuántos activistas de izquierda y oenegés se han pronunciado en contra de lo que sucede en Pataz?

Algunos manifiestan querer acabar con la pobreza y pobreza extrema, empero, su única y mágica solución es la de crear un nuevo organismo estatal que “garantice” superar las condiciones en que se encuentran los desposeídos (el 30 por ciento de ciudadanos en el Perú). Sin embargo, siendo el número de empobrecidos tan abultado, resulta insuficiente todo intento del estado por solucionarlo. No obstante, apelar a los pobres se convierte en una herramienta de marketing político muy rentable, atrae adeptos y, en simultáneo, hace posible que se asignen cada vez mayores recursos, aunque la efectividad de su aplicación sea desconocida. ¿Quién gana, quién pierde? Los funcionarios públicos designados como responsables para conducir programas de asistencia social; pierden los pobres, chantajeados para que suscriban una planilla en la que se señale que han recibido un número mayor de sacos de arroz, azúcar, leche, aceite, conservas, etc. Y, si se niegan a firmar, no les dejan la cuota del mes.

Dicen que la agricultura es sostenible, pero un sector de la clase política promovió la derogatoria de la ley de Promoción Agraria, deteniendo o postergando las inversiones que el país requiere para liderar la producción de los principales productos agrícolas que demanda el mundo y generar empleo de calidad con relativas restricciones donde previamente no existía ningún beneficio laboral.

Dicen que el país debe dejar de exportar materias primas, pero hacen todo lo posible para oponerse a la instalación de fundiciones, refinerías, gasoductos, plantas petroquímicas que pueden, además de generar mucho empleo bien remunerado, proporcionar un combustible más económico y menos dañino a la salud, en lugar de quemar leña dentro de una humilde vivienda; o, producir fertilizantes para afianzar la agricultura, la pequeña, la mediana y la destinada a la agroexportación.

El Perú puede ser un gran país, pero requiere de una conducción democrática que crea en la inversión como palanca generadora de bienestar para fortalecer la demanda interna en función a puestos de trabajo productivos.